El gremio de las fintech en Colombia le pidió al Gobierno un desmonte gradual del impuesto 4×1.000 y una ampliación de Bre-B, el sistema de pagos inmediatos, con topes más altos y nuevos usos.
Las propuestas hacen parte de la agenda presentada en el Latam Fintech Market 2026, realizado el 17 y 18 de septiembre en Barranquilla. Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, también planteó cambios en el acceso al crédito, open finance y tributación. Según el dirigente, existe una mayor disposición del actual Gobierno para discutir medidas que favorezcan la competencia y la innovación financiera.
El desmonte, por etapas y sin hoja de ruta
Santos propuso un 'desmonte gradual y progresivo' del gravamen, que cobra cuatro pesos por cada mil en los movimientos financieros. En una entrevista con El Colombiano aseguró haber mantenido 'conversaciones fructíferas' con el Gobierno y calificó el impuesto de 'barbaridad'. Según el dirigente, en el Congreso existen iniciativas para desmontarlo y el Ejecutivo busca simplificar el sistema tributario.
No hay detalles, sin embargo. Las declaraciones no establecen cuánto bajaría el impuesto en cada etapa, cuándo comenzaría la reducción ni cómo se compensaría el recaudo que dejaría de recibir el Estado, una cuestión relevante ante la situación fiscal del país. Frente a ese reto, Santos plantea combinar la reducción del gasto con condiciones que impulsen la actividad económica: su tesis es que una mayor competencia en el sector financiero podría ampliar el recaudo a través del crecimiento, sin nuevas cargas para las empresas existentes.
Como ejemplo mencionó a Revolut: la Superintendencia Financiera autorizó el 31 de agosto de 2026 el funcionamiento de Revolut Bank Colombia como establecimiento de crédito, un proceso que Santos atribuye a una aceleración del actual Gobierno —una valoración que corresponde al presidente del gremio—. A su juicio, la llegada de nuevas entidades ampliaría las alternativas del mercado, aunque los efectos sobre tarifas y condiciones de crédito dependerán de la oferta que desarrollen estas compañías.
Bre-B con topes más altos y pagos del Estado
Santos considera que Bre-B ya cumplió una primera etapa de estabilización de los pagos entre personas y comercios, y que el siguiente paso es ampliar su escala, levantar los topes y evitar que las entidades fijen límites artificialmente bajos. Hoy el sistema permite transferencias de hasta $12.110.000 —equivalentes a 1.000 Unidades de Valor Básico en 2026—, aunque cada entidad puede fijar montos inferiores o aplicar criterios de seguridad, según el Banco de la República.
Otro cambio propuesto es utilizar esa infraestructura para pagos del Estado, incluidos subsidios y nóminas públicas, lo que aumentaría el volumen de recursos que circula mediante pagos inmediatos. Para los pequeños negocios, el gremio plantea aprovechar el historial digital de pagos recibidos como información para solicitar financiación, y simplificar los cobros para que el comprador no tenga que escribir manualmente el valor en una app y mostrar la operación al comerciante.
Efectivo, 'gota a gota' y la tasa de usura
La presión por los cambios tiene un trasfondo: según cifras presentadas por Colombia Fintech, el 79% de los pagos en Colombia todavía se realiza en efectivo, y la proporción alcanza el 82% entre las mipymes. Durante el encuentro también se mencionaron las tasas del crédito informal conocido como 'gota a gota': hasta 382% para personas y 666% para empresas. Santos sostiene que algunas reglas financieras dejan por fuera a perfiles considerados de mayor riesgo.
Entre los cambios solicitados está segmentar la metodología de cálculo de la tasa de interés bancario corriente por producto y perfil de riesgo, en lugar de mantener un promedio único. Sobre la tasa de usura, Santos reconoció el dilema: un límite más bajo reduce el costo para quienes consiguen financiación, pero puede disminuir los créditos aprobados cuando el riesgo es elevado, algo que afecta especialmente a personas con ingresos informales o sin bienes que respalden una solicitud.
Open finance y el ICA de Bogotá
El gremio también pidió un cronograma viable y un diseño técnico para el open finance, el modelo basado en el intercambio autorizado de información financiera entre entidades. Santos considera que su desarrollo podría ser paso previo hacia el open data: contar con más datos puede aportar variables para evaluar solicitudes de crédito, aunque el alcance dependerá de las reglas, estándares y mecanismos de protección que se establezcan.
La discusión tributaria llegó a Bogotá. Santos cuestionó el incremento del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) propuesto para determinadas actividades financieras, al que llamó 'impuesto anti emprendimiento'. La propuesta que avanza en el Concejo contempla una tarifa de 20 por mil en 2027, 19 por mil en 2028 y 18 por mil desde 2029, frente a la actual de 14 por mil. El Distrito sostiene que el ICA del sector se calcula sobre una base especial y que el ajuste responde a la capacidad contributiva del sector; Colombia Fintech advierte, en cambio, sobre sus posibles efectos para la inversión.
La agenda presentada en Barranquilla deja las propuestas sobre la mesa, pero ninguna decisión: para que el desmonte del 4×1.000 avance todavía falta definir cuándo comenzaría, cuánto se reduciría en cada etapa y, especialmente, cómo se reemplazaría el dinero que dejaría de recaudar el Estado.