Las Comisiones Económicas Conjuntas del Congreso aprobaron en primer debate la ponencia mayoritaria del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027, que asciende a $634,9 billones. Tras una jornada de votación de hora y media, los cuatro grupos de articulados pasaron sin modificaciones y el proyecto pasará a discutirse y votarse de manera simultánea o sucesiva en las plenarias de la Cámara de Representantes y del Senado.
La ponencia fue presentada por los presidentes de las comisiones, Alexander Bermúdez, Liliana Benavides, Alfredo Ape Cuello y Sara Castellanos. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, agradeció a los congresistas tras la aprobación y dijo que "este es un presupuesto muy difícil y se necesitó mucho coraje para que los parlamentarios lo apoyaran porque tiene unos costos políticos que están asumiendo".
Cómo votó cada bloque
El primer bloque, expuesto por el senador Carlos Manuel Meisel, reunió los 65 artículos que no tenían proposiciones. Entre ellos está el artículo 1, que fija el presupuesto de rentas y recursos de capital en $634,9 billones, y el artículo 8, que autoriza al Gobierno a emitir TES clase B sin garantía del Banco de la República para conseguir buena parte del crédito interno. También quedaron allí las reglas de manejo de la caja de la Nación: el artículo 5 obliga a consignar los ingresos corrientes en la Cuenta Única Nacional del Tesoro; el artículo 7 le da a la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional la potestad de fijar los criterios para manejar excedentes de liquidez y operaciones de cobertura; y el artículo 72 incorpora a la ley el anexo con la distribución de recursos de las universidades públicas. Se aprobó con 10 votos a favor y cuatro en contra en la Tercera de Senado; 24 a favor y cuatro en contra en la Tercera de Cámara; 19 a favor y seis en contra en la Cuarta de Cámara; y nueve a favor y tres en contra en la Cuarta de Senado.
El segundo bloque, expuesto por el representante John Édgar Pérez, agrupó 19 artículos con cambios que el Gobierno no avaló, pero que, al ser aprobados con la ponencia, quedaron como constancia para el segundo debate. Incluía asuntos de gran impacto fiscal: el artículo 71 mantiene la facultad de Hacienda para pagar las deudas del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc) con bonos o TES, saldos de caja del fondo o compensándolas con dividendos de Ecopetrol; el artículo 51 conserva la regla según la cual los subsidios por menores tarifas de energía y gas "se disminuirán en la medida en que el Gobierno Nacional implemente las fuentes alternativas de energía"; y el artículo 52 permite pagar subsidios de años anteriores con remanentes del Fondo Único de Soluciones Energéticas (Fonenergía). En el mismo paquete quedaron el artículo 80, que obliga a las entidades a devolver a la Unidad de Caja del Tesoro los excedentes de liquidez o recursos en fiducias, y el artículo 81, sobre el reintegro de la deuda de la Nación con el Fonpet. Entraron además normas de cumplimiento de fallos judiciales: el artículo 54 ordena priorizar salud, alimentación y reducción del hacinamiento en las cárceles, y el artículo 76 da prioridad a la niñez wayúu por la Sentencia T-302 de 2017. Se aprobó con nueve votos contra tres en la Cuarta de Senado, 18 contra siete en la Cuarta de Cámara, 10 contra dos en la Tercera de Senado y 23 contra tres en la Tercera de Cámara.
El tercer bloque incorporó dos proposiciones que modifican el artículo 2, la ley de apropiaciones que reparte el gasto entre las entidades, y puso en consideración el artículo 20, además de proponer tres artículos nuevos: que los recaudos del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon) lleguen a su cuenta; crear una sección presupuestal independiente para el Consejo Nacional Electoral; y redistribuir el presupuesto de funcionamiento del Congreso. La Tercera de Cámara lo aprobó con 26 votos a favor, la Cuarta de Cámara con 19 y la Cuarta de Senado con ocho, todos sin votos en contra, mientras que en la Tercera de Senado hubo nueve a favor y uno en contra.
El cierre llegó con el artículo 87 y la vigencia de la ley, con 17 votos a favor y seis en contra en la Cuarta de Cámara, 23 contra tres en la Tercera de Cámara, nueve contra dos en la Cuarta de Senado y 10 contra dos en la Tercera de Senado. El monto global ya había quedado fijado el 14 de septiembre, cuando las Comisiones Conjuntas negaron la propuesta del Pacto Histórico de reducirlo a $596,6 billones.
Las cifras del presupuesto
Del total, $392,6 billones irán a funcionamiento, $155,4 billones al servicio de la deuda y $86,9 billones a inversión. Frente a la apropiación vigente de 2026, de $555,8 billones, el PGN crece 14,2% y cerca del 70% de ese aumento corresponde al pago de deuda, que sube 54,7%. En contraste, la inversión cae de $89,5 billones a $86,9 billones y quedará en 4,1% del PIB.
Por el lado de los ingresos, los ingresos corrientes de la Nación caen 7,4%, hasta $299,1 billones, mientras los recursos de capital suben 59,6%, a $281,4 billones. De ese monto, $238,6 billones serán endeudamiento: $150,9 billones internos, vía TES, y $87,7 billones externos, equivalentes a unos US$26.101 millones.
La versión aprobada es la que presentó el Gobierno De la Espriella tras la devolución del proyecto original, que estaba por $575,9 billones. Según explicó el ministro Gómez, el nuevo documento incorporó $59,3 billones en obligaciones que el Gobierno anterior no había cubierto o había subestimado: $9,6 billones para el Fepc, $6,5 billones adicionales para pensiones, $2 billones para aseguramiento en salud y $700.000 millones para universidades públicas.
Reacomodos y proposiciones
El pliego de modificaciones no altera el monto global, sino que reacomoda recursos entre sectores. El movimiento más grande es el traslado de $2 billones de Hacienda a Salud y Protección Social; además hay $100.000 millones para la Rama Judicial, destinados al ajuste de la bonificación judicial, y $99.100 millones para Deporte. Para compensarlos, se recortan $170.000 millones al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, $15.600 millones a la Aerocivil por el Aeropuerto del Café y $13.500 millones a Planeación.
Los congresistas radicaron 615 proposiciones, con demandas de gasto por $111,6 billones. Según los ponentes, 66% de ellas no tenían fuente de financiación o comprometían recursos de otras necesidades sectoriales, por lo que solo las que tuvieron aval del ministro de Hacienda entraron al pliego y las demás quedaron como constancia para el debate en plenarias.
El escenario fiscal
El documento describe un panorama crítico: sin ajustes, el déficit de 2027 llegaría a 9,4% del PIB, por encima del 7,8% registrado en la pandemia, mientras la deuda neta alcanzaría 66,2% del PIB, cerca del límite de 71% de la regla fiscal. Para el Carf el escenario es peor: proyecta un déficit cercano a 10% y una deuda de 67,3% del PIB.
El Gobierno incluyó en la reformulación un recorte de $17,4 billones, equivalente a 0,9% del PIB, concentrado en transferencias, compras de bienes y servicios e inversión no prioritaria. El ajuste de fondo, según Hacienda, quedará en la Ley de Rescate que se radicará en octubre, con la que busca recortar $42 billones y llevar el déficit a 7,2% y la deuda a 58,9% del PIB.
De acuerdo con el Estatuto Orgánico del Presupuesto, la discusión en plenarias debe arrancar el 1 de octubre, y allí se revisarán las proposiciones que quedaron como constancia en primer debate. Si el Congreso no aprueba el presupuesto antes del 20 de octubre, este entra a regir mediante decreto la propuesta del Gobierno.