La Fiscalía imputó a Mauricio Aguilar Hurtado, exgobernador de Santander, por presuntas irregularidades en un proyecto para construir un colegio con énfasis agrícola en el municipio de Suaita, que sería financiado con recursos de regalías. El exmandatario deberá responder por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los hechos se remontan a marzo de 2021, cuando Aguilar habría autorizado la compra, por $551 millones, del predio en el que estaba previsto desarrollar la institución educativa. El terreno presentaba condiciones que podían comprometer la viabilidad del proyecto, entre ellas la presencia de fuentes hídricas, bosque nativo y una servidumbre de redes eléctricas con vigencia de 30 años.
Un arquitecto de la Secretaría de Infraestructura había advertido las dificultades del terreno, pero el proyecto continuó.
Un contrato firmado sin estudios completos
De acuerdo con la Fiscalía, el 7 de diciembre de 2022 se firmó un contrato por $15.280 millones pese a que no contaba con estudios y diseños completos. Además, los documentos no contemplaban las licencias ambientales necesarias y el presupuesto no incluía todas las obras requeridas.
En octubre de 2023 fue aprobada una adición de $6.500 millones, aunque el contratista debía verificar la viabilidad del predio y asumir los costos de las modificaciones.
El detrimento patrimonial
Antes de la suspensión de la obra, en febrero de 2024, se pagaron $3.339 millones entre la compra del lote, los trabajos preliminares y los movimientos de tierra. Para la Fiscalía, ese es el detrimento patrimonial que habría generado el contrato, cifra que fue presentada ante un juez dentro del proceso contra el exgobernador.
El ente acusador advirtió además que parte de lo construido tendría que ser demolido por razones ambientales.