La Corte Constitucional ordenó investigar las circunstancias en las que murió una bebé wayuu durante el traslado de su madre, quien presentó complicaciones durante el parto en la comunidad Karraguaysumana, en el corregimiento de Jojocinto, Uribia, La Guajira.
Según la comunidad, la familia pidió ayuda a la IPS Súpula Wayuu y a la Secretaría de Salud de Uribia. Sin embargo, la respuesta habría sido que no podían desplazarse hasta el lugar por la distancia, la hora y las condiciones de seguridad. Entre el resguardo y el centro de salud hay cerca de una hora y media de viaje.
Ante la falta de traslado institucional, líderes y autoridades comunitarias organizaron el desplazamiento de la mujer. La recién nacida murió durante el recorrido.
Entidades deberán reconstruir lo ocurrido
A través de un auto, el magistrado ponente Carlos Camargo pidió al Ministerio de Salud, a las secretarías de Salud de La Guajira y Uribia, a la Nueva EPS y a la IPS Súpula Wayuu entregar, en un plazo de 10 días, una explicación cronológica y verificable de lo sucedido.
La Corte solicitó información sobre las llamadas y gestiones realizadas desde la activación de la ruta de atención, los funcionarios y dependencias que participaron, las razones para no acudir a la comunidad y los protocolos de urgencias obstétricas y transporte sanitario. También pidió conocer la atención recibida por la madre después del traslado y las medidas correctivas o disciplinarias previstas.
El alto tribunal dio el mismo plazo al Instituto Nacional de Vías para informar sobre las condiciones de las carreteras hacia Karraguaysumana. Invías deberá precisar si la comunidad está dentro del área de influencia de alguno de los 36 corredores contemplados en el Auto 505 de 2025 y explicar el estado de las vías hacia los centros de salud más cercanos.
El caso ocurre en medio de una crisis prolongada
La Corte remitió el expediente a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que ejerzan labores de vigilancia y acompañamiento.
El caso se conoce mientras la Corte mantiene el seguimiento al estado de cosas inconstitucional declarado en 2017 por las dificultades de acceso al agua, la alimentación y la salud de los pueblos wayuu, especialmente de los niños.
En visitas recientes a comunidades de Riohacha, Manaure, Maicao y Uribia, la Sala Especial de Seguimiento recibió denuncias sobre la falta de continuidad en los tratamientos, el deterioro de las vías, la distancia de los centros asistenciales y las deficiencias de infraestructura.
Como parte de las medidas cautelares transitorias adoptadas para La Guajira, el tribunal ordenó atender problemas relacionados con la fragmentación del aseguramiento de la niñez wayuu, la falta de brigadas extramurales y las afectaciones a la salud mental de niños y adolescentes.