Sneyder Pinilla, exsubdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y uno de los principales colaboradores de la Fiscalía, pidió a la Corte Suprema de Justicia medidas urgentes de protección porque teme por su vida tras su traslado a la cárcel La Picota de Bogotá.
La solicitud surge después de que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ordenara el pasado martes 6 de octubre trasladar a Pinilla y al exdirector de la entidad, Olmedo López, desde instalaciones militares hasta La Picota. El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella presentó la decisión como un paso para terminar con los presuntos privilegios carcelarios de los exfuncionarios, pero sus defensas sostienen que había decisiones judiciales que justificaban su permanencia en centros de reclusión militar por razones de seguridad.
El argumento de la defensa
Pinilla presentó una comunicación de nueve páginas dirigida a la Presidencia de la Corte Suprema, conocida por Blu Radio, en la que señala que la decisión del Inpec habría desconocido dos determinaciones judiciales anteriores sobre sus condiciones de reclusión.
La primera, de agosto de 2024, dispuso que permaneciera en una instalación militar por los riesgos derivados de su colaboración con las autoridades. En abril de 2025, otro despacho reiteró la necesidad de mantener esas condiciones para proteger su integridad.
El argumento central de la defensa es que el exfuncionario ha entregado información que compromete a personas investigadas por uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, lo que podría exponerlo a represalias.
La advertencia de la Fiscalía
El 16 de septiembre de 2026, la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema envió una comunicación al director de Centros de Reclusión Militar en la que pidió que Pinilla y López continuaran recluidos en instalaciones militares, por su condición de colaboradores de la justicia y por los riesgos derivados de los testimonios que se comprometieron a entregar.
Ambos tienen principios de oportunidad con la Fiscalía y asumieron compromisos para declarar contra 23 personas presuntamente relacionadas con el entramado de corrupción de la UNGRD. El principio de oportunidad de Pinilla fue legalizado en agosto de 2025 y prorrogado en agosto de 2026.
Qué ha aportado su colaboración
Según el documento, los testimonios del exsubdirector han contribuido a órdenes de captura, medidas de aseguramiento, preacuerdos y condenas contra personas vinculadas al entramado. El escrito también menciona investigaciones contra personas con fuero constitucional, la pérdida de investidura del exsenador Iván Name y medidas cautelares de extinción de dominio sobre bienes de diez personas y cinco empresas.
La petición busca que el tribunal revise las condiciones de reclusión y la legalidad de la decisión administrativa del traslado, promueva una coordinación urgente entre Fiscalía, Inpec y autoridades judiciales para evaluar los riesgos, y requiera explicaciones al Inpec sobre los motivos de la medida, que se pongan en conocimiento de los despachos judiciales donde Pinilla debe declarar.
La controversia abre un nuevo capítulo en el proceso por la UNGRD, al cruzar la decisión del Gobierno de modificar las condiciones de reclusión de los exdirectivos con las advertencias de la Fiscalía y las órdenes judiciales previas que habían dispuesto medidas especiales de protección.