Foto: Navi Pillay, AGJA member and Former United Nations Commissioner for Human Rights / Wikimedia Commons
Estados Unidos anunció este viernes 9 de octubre sanciones contra la Corte Penal Internacional (CPI) y prometió paralizar las actividades del tribunal, apenas unas horas después de que el Premio Nobel de la Paz fuera otorgado a su exjueza Navi Pillay.
Washington no forma parte de la corte, con sede en La Haya, y con la medida pretende “defender la soberanía estadounidense y a sus ciudadanos”, informó el Departamento de Estado.
El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo que Washington prohibirá las transacciones con el organismo, al que calificó de “deshonesto”. “O la CPI pone fin a sus amenazas, o nosotros pondremos fin a la CPI”, declaró en un comunicado, y sostuvo que el presidente Donald Trump “nunca permitirá que la Corte Penal Internacional procese a estadounidenses”. Rubio no mencionó a Pillay ni al premio Nobel: argumentó que las sanciones son necesarias para proteger al personal de seguridad y a los funcionarios electos de ser procesados, y que las medidas paralizarían “su capacidad de funcionar”.
Washington concedió, sin embargo, seis meses de gracia al tribunal para dar tiempo a los Estados miembros a que demuestren, con acciones concretas, que responden “a las preocupaciones de Estados Unidos”. Rubio explicó que desde hace más de un año se habían explicado los “gestos básicos de buena fe” que se esperaban del tribunal, y advirtió: si no hay cambio de rumbo, “Estados Unidos seguirá desmantelando la CPI, ladrillo a ladrillo, hasta que los estadounidenses ya no puedan verse amenazados”.
Amnistía Internacional instó a los países a “resistir” el ataque. “Las sanciones del presidente Donald Trump están diseñadas para aislar y, en última instancia, destruir la Corte Penal Internacional”, dijo la abogada Erika Guevara Rosas, dirigente de la organización humanitaria con sede en Londres, y agregó: “Este ataque existencial debe fracasar. Los Estados deben tomar medidas concretas para resistir la imposición de estas sanciones”.
La propia corte rechazó las sanciones y afirmó que “la historia juzgará este momento”. Para la CPI, la medida constituye “un ataque contra el Estado de derecho y contra los propios fundamentos del orden jurídico internacional”, porque cuestiona “el principio fundamental de que nadie está por encima de la ley”. El secretario general de la ONU, António Guterres, consideró la decisión un “grave golpe” a la justicia internacional, y su portavoz, Stéphane Dujarric, habló de un golpe a la búsqueda colectiva de justicia penal internacional, “de la cual la CPI es un pilar fundamental”.
Reacciones europeas y de origen aliado
La Comisión Europea calificó de “profundamente lamentable” el anuncio y afirmó que “la UE está preparada para tomar todas las medidas necesarias para permitir a la corte continuar su trabajo”. Japón también expresó su apoyo al tribunal.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que está bajo un mandato de arresto de la PIO con sede en La Haya desde 2024 por presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad a causa de la guerra en Gaza, respondió que la CPI no es un tribunal, sino una “entidad política”.
El Nobel de la Paz a Navi Pillay
El anuncio se produjo el mismo día en que el Comité Noruego entregó el premio a Pillay, una jurista de 85 años que encabezó el tribunal para el genocidio de Ruanda, sirvió en la CPI y posteriormente dirigió una comisión de la ONU que acusó a Israel de genocidio en Gaza.