El Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 14 de diciembre de 2026 la urgencia manifiesta declarada tras el terremoto del 10 de agosto, con el fin de acelerar las reparaciones de las sedes judiciales afectadas y garantizar condiciones seguras para funcionarios y ciudadanos.
La emergencia dejó daños en 34 sedes judiciales de Risaralda, Quindío y Chocó, según el reporte de la entidad. En materia de personal, de los 5.170 servidores judiciales incluidos en el balance, más de 2.400 manifestaron haber sufrido alguna afectación por el movimiento sísmico.
La prórroga agilizará la contratación de obras, bienes y servicios, además de facilitar los diagnósticos técnicos, la adecuación de instalaciones y el traslado de despachos y equipos tecnológicos. Aunque la atención presencial se ha recuperado en buena parte de las sedes, todavía hay dependencias que trabajan desde casa o bajo esquemas de alternancia. Por eso, la Judicatura también amplió hasta el 31 de diciembre de 2026 la autorización temporal de teletrabajo en las zonas afectadas.
Pereira y Quindío
Los daños en el Palacio de Justicia de Pereira dejaron fuera de servicio la infraestructura que concentra el 86 % de los despachos del distrito judicial, y los 447 servidores de esa sede pasaron a teletrabajo. Para mantener la presencia de la justicia en el territorio opera la estrategia de Justicia Móvil y, entre octubre y diciembre, está proyectado trasladar 519 puestos de trabajo: 332 al Complejo Judicial de la Calle 39, 130 a un inmueble arrendado para el sistema penal acusatorio, la Oficina Judicial y el archivo central, y 57 al Edificio Kronos, destinado a los juzgados de familia y especializados.
En Quindío, los edificios judiciales de Montenegro, Génova y Buenavista continúan inhabitables, mientras las sedes IBG y San Martín, en Armenia, aún requieren reparaciones. Ante esas condiciones se implementó el plan Pico y Despacho, con trabajo en casa, limitaciones de acceso e ingresos escalonados según la seguridad de cada instalación. La operación se ha habilitado gradualmente en Salento, Córdoba, Pijao, Circasia, Filandia y Calarcá, y en algunas áreas de la Torre Central del Palacio de Justicia Fabio Calderón Botero. En Armenia, las oficinas y centros de servicios judiciales han brindado 834 atenciones directas a los usuarios.
Caldas y Chocó avanzan a ritmos distintos
En el distrito judicial de Manizales, la atención presencial se restableció progresivamente desde el 24 de agosto en 23 de los 29 municipios, con base en evaluaciones técnicas de infraestructura, conectividad y servicios. También se habilitaron un Punto de Atención al Usuario de la Justicia y una Oficina de Atención en Salud frente al Complejo Judicial San José, además de puntos itinerantes.
En Chocó hay afectaciones en 12 sedes judiciales. Entre las más comprometidas está el Edificio Adán Arriaga, donde laboran 184 servidores, y la sede de Alto Baudó presenta daños graves y está pendiente de reparaciones. Las intervenciones avanzan en las sedes de Miraflores y Silencio, y las obras en el Juzgado de Infancia y Adolescencia ya terminaron.
Valle del Cauca: reabiertas, pero sin sedes definitivas
En el Valle del Cauca, la atención presencial se reanudó en las sedes judiciales de 29 municipios tras conceptos técnicos favorables. Sin embargo, varias dependencias no cuentan aún con instalaciones definitivas: en Cali, Roldanillo, Bolívar, Sevilla, Caicedonia, La Victoria, Ansermanuevo, Buenaventura y Tuluá se adelantan gestiones para disponer de inmuebles temporales. Entre las infraestructuras que requieren reubicación están el Palacio Nacional de Cali, donde funcionan el Tribunal Superior, el Tribunal Administrativo y el Consejo Seccional de la Judicatura, y la Casa de Justicia de Los Mangos.