Diez presuntos integrantes de la organización delictiva Los Boyacos quedaron judicializados por la Fiscalía General de la Nación, que les atribuye homicidios, amenazas y atentados con explosivos para disputarse el control del microtráfico en el barrio Santa Fe, en el centro de Bogotá.
Entre los hechos más graves que pesan sobre la red figura el atentado con granada del 22 de enero de 2026 en el barrio Santa Fe, ordenado como represalia por la venta de estupefacientes ajenos a la banda, que dejó un vendedor fallecido.
La investigación situó la presencia de la estructura desde 2024 en el centro de la capital, organizada jerárquicamente con cabecillas, administradores de expendios, distribuidores y un brazo sicarial.
Como articuladores principales aparecen Miguel Vargas Parra, alias Yimi o Boyaco, y un hombre conocido como El Viejo, señalados de financiar la estructura, manejar las ganancias ilegales y ordenar homicidios contra sospechosos de colaborar con las autoridades, vendedores independientes o integrantes que intentaban abandonar la red.
Las pesquisas identifican a Osneiber Rafael Sabino Aguache, alias Mailo, como el presunto encargado de arrojar la granada desde una motocicleta, bajo las órdenes de los alias Carramán y Drilococo. Mailo fue capturado días atrás en un operativo del Bloque de Seguridad Urbana (BOSUR) liderado por la Presidencia de la República, que dejó un saldo total de 172 detenciones en los barrios Santa Fe y San Bernardo.
Homicidios y maniobras de encubrimiento
A la organización también se le investiga por al menos seis homicidios en 2026 derivados de las disputas territoriales por el microtráfico. El trabajo de policía judicial, adelantado con análisis criminal y asociación de casos junto a la Sijín, puso al descubierto maniobras para ocultar los crímenes, entre ellas la eliminación de registros de cámaras de seguridad y el traslado de cadáveres a otros sectores de la ciudad, maniobras por las que es investigado Yermmy Rincón Alza, alias Chatico.
Por estos hechos, una fiscal de la Unidad de Vida de la Seccional Bogotá imputó a los 10 procesados, según su nivel de responsabilidad, los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, porte de armas de uso restringido o explosivos, alteración de elemento material probatorio y favorecimiento agravado.
El operativo que precedió la judicialización
El proceso deriva del despliegue del operativo BOSUR-KRATOS, una intervención de alto impacto realizada en la madrugada del 28 de octubre en las localidades de Santa Fe y San Bernardo, liderada por la Presidencia de la República en articulación con la Policía Metropolitana, el Ejército y la Fiscalía.
Según las autoridades, la intervención dejó 172 capturas —entre ellas la de alias Mailo— y 114 allanamientos ejecutados en ocho localidades críticas de la capital. Incluyó además requisas, inspecciones comerciales y vigilancia aérea con drones en la zona de burdeles del barrio Santa Fe y en los corredores de San Bernardo.
En el operativo se incautaron 11 armas de fuego, tres granadas, 72 cartuchos y tres proveedores de arma, además de 2.270 gramos de marihuana, 130 gramos de cocaína, 2.250 gramos de bazuco, 250 papeletas de tusi y 10,1 millones de pesos en efectivo.
San Bernardo registraba una de las tasas de violencia más altas de la ciudad, con hasta 73 homicidios por cada 100.000 habitantes, a causa de las disputas territoriales por el microtráfico.