La Corte Suprema ordenó al Consejo de Estado reintegrar a una abogada que fue despedida el mismo día en que la secretaría general conoció que estaba embarazada. También dispuso el pago de los salarios que dejó de recibir durante su desvinculación.
La mujer, identificada como Daniela Acuña en el expediente, aunque su nombre fue cambiado para proteger su intimidad, tenía más de 20 años de experiencia profesional y llevaba cerca de siete años trabajando con el alto tribunal. El 1 de julio de 2026 recibió el resultado de una prueba que indicaba entre cinco y seis semanas de gestación.
Ese mismo día, a las 7:36 de la mañana, el magistrado Luis Antonio Rodríguez Montaño solicitó a la secretaria general, Diana Lucía Sánchez Serna, tramitar la salida de la abogada. El decreto quedó firmado entre las 9:00 y las 9:30, pero todavía no había sido comunicado.
A las 10:33, la abogada envió a la secretaría general una fotografía de la prueba de embarazo. Dieciocho minutos después recibió por correo la notificación de su desvinculación. Más tarde llevó una copia física del examen al despacho del magistrado y habló con él cerca de las 3:00 de la tarde.
La protección también cobija cargos de libre nombramiento
Durante el trámite, el magistrado sostuvo que no conoció el embarazo antes de la conversación de la tarde y afirmó que la decisión correspondía a sus facultades para escoger el personal de su despacho. También señaló que había nombrado como reemplazo a una abogada que era madre lactante.
La Corte Suprema no encontró pruebas de que el despido hubiera sido motivado por el embarazo. Sin embargo, concluyó que la secretaría general debía detener el trámite cuando recibió la información y comunicarla oportunamente al magistrado antes de ejecutar la decisión.
El tribunal recordó que la protección a la maternidad no desaparece porque el cargo sea de libre nombramiento y remoción. La facultad de escoger colaboradores, señaló, tiene como límite los derechos de las mujeres embarazadas.
La abogada había advertido además que tenía 41 años, padecía síndrome de Sjögren y había sufrido una pérdida gestacional. En la tutela sostuvo que perder el empleo podía afectar sus ingresos, sus tratamientos y la atención médica requerida durante el embarazo.
La Corte dio un plazo de 48 horas para concretar el reintegro, orden que ya fue cumplida. También pidió a la secretaría general adoptar medidas para evitar que una situación similar vuelva a presentarse.
El magistrado Rodríguez Montaño afirmó que actuó con la convicción de no haber incurrido en discriminación y sostuvo que en su despacho trabajan 23 personas, 15 de ellas mujeres. El proceso, según indicó, continúa en segunda instancia.