Los proyectos publicados por el Ministerio del Trabajo podrían modificar la manera en que se tramitan los pactos colectivos en Colombia, así como algunas reglas sobre tercerización laboral y las facultades de los inspectores. Las propuestas aún están abiertas a comentarios y no constituyen normas vigentes.
Un pacto colectivo es un acuerdo entre una empresa y trabajadores no sindicalizados sobre condiciones laborales. Se diferencia de una convención colectiva, que se negocia entre el empleador y una organización sindical.
Qué cambiaría en el trámite
Una de las propuestas busca derogar el procedimiento de revisión previa que el Ministerio del Trabajo debía realizar antes del depósito de cada pacto. El depósito es el registro formal del acuerdo ante la autoridad laboral.
Si la modificación es aprobada, el trámite volvería a regirse por las reglas generales del Código Sustantivo del Trabajo. Diego Felipe Valdivieso, especialista en derecho laboral, sostuvo que la reglamentación derogada habría incorporado requisitos propios de las convenciones colectivas a acuerdos celebrados con trabajadores no sindicalizados.
El cambio no permitiría pactar cualquier condición. Seguirían vigentes las obligaciones laborales, la libertad de asociación sindical y el artículo 481 del Código Sustantivo del Trabajo, que impide celebrar pactos colectivos cuando el sindicato o los sindicatos agrupen a más de la tercera parte de los trabajadores de la empresa.
Cambios en tercerización e inspección laboral
Los borradores también plantean ajustes a las reglas sobre tercerización. La tercerización no es ilegal por sí misma, pero no puede utilizarse para desconocer obligaciones laborales ni para ocultar una relación de trabajo protegida por la ley.
Según Valdivieso, la prohibición de la tercerización ilegal seguiría vigente, incluida la simple intermediación mediante supuestos contratistas independientes y el uso de empresas de servicios temporales por fuera de los límites establecidos.
Lo que podría cambiar es la forma en que el Ministerio interviene. Los inspectores seguirían investigando, documentando hechos y remitiendo actuaciones a la autoridad competente, pero no podrían declarar por sí mismos quién es el verdadero empleador ni resolver controversias que corresponden a los jueces.
El periodo para enviar comentarios estará abierto hasta el 31 de octubre. Mientras se expiden las disposiciones definitivas, las empresas y los trabajadores deben cumplir las normas que actualmente estén vigentes.