El debate por el soterramiento de cables en Bogotá subió de tono después de que Enel Colombia respondiera a las críticas de los concejales que cuestionan sus observaciones al proyecto que busca ordenar las redes aéreas de la ciudad.
Según la evaluación económica presentada por la empresa a los concejales, soterrar el 100% de las redes eléctricas —de alta, media y baja tensión— tendría un impacto superior a $20,5 billones. La cifra es un ejercicio de referencia, no un presupuesto definitivo de ejecución, y podría aumentar según los diseños, permisos, licencias y gestión predial de una eventual obra.
A eso se suma la adecuación de transformadores y otros equipos, que podría representar una inversión adicional cercana a $15 billones, según la información presentada por la compañía.
Enel aclaró que no se opone al objetivo de ordenar las redes y avanzar hacia el soterramiento, y que está dispuesta a contribuir de manera progresiva, siempre que el proceso sea técnicamente viable y coordinado con la planeación de la ciudad. De hecho, pidió modificar la redacción de la iniciativa para que el avance se haga en concordancia con el Plan de Ordenamiento Territorial vigente, adoptado mediante el Decreto Distrital 555 de 2021, y teniendo en cuenta las competencias sobre redes de telecomunicaciones. La empresa insiste en que una obligación general exige armonizar aspectos técnicos, regulatorios y normativos, y definir un mecanismo que reconozca los costos de las inversiones dentro de los límites regulatorios y garantice la sostenibilidad de la infraestructura.
Cruce de declaraciones
La polémica tomó fuerza cuando el concejal Juan David Quintero cuestionó públicamente que Enel participe en la discusión de la norma. En un mensaje en X afirmó: "Los señores de @EnelColombia queriendo meterse en las decisiones de la ciudad… Un contratista busca crear o modificar una norma a su conveniencia, solo para no quitar los cables que no sirven en Bogotá o si no le cobrara a los ciudadanos en la factura". Se trata de la posición del concejal: no está demostrado que la empresa pretenda trasladar el costo del soterramiento a los usuarios.
El presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, también expresó su preocupación por la posición de la empresa: "El soterramiento de cables es una necesidad y será progresivo. Genera desconfianza la actitud de @EnelColombia que envía una carta cerrando la puerta para que ya no veamos cables por todo lado. Hay que pensar en Bogotá".
Lo que efectivamente hizo la compañía fue presentar al Distrito y al Concejo consideraciones técnicas, financieras, regulatorias y normativas sobre la propuesta en discusión, y plantear una redacción alternativa para el artículo relacionado con el soterramiento y el aprovechamiento compartido de la infraestructura subterránea.
Qué impulsa el Concejo
El 9 de septiembre el Concejo informó la aprobación de una proposición aditiva, presentada por los concejales Julián Sastoque y Juan David Quintero, para que el Distrito avance en el soterramiento progresivo de las redes aéreas de energía y telecomunicaciones instaladas en el espacio público. La propuesta contempla que las redes nuevas se instalen bajo tierra y que se construya un inventario de cables en desuso.
En otra iniciativa, Quintero planteó que las redes que ya no prestan ningún servicio sean retiradas progresivamente y que las empresas responsables asuman los costos cuando el Distrito tenga que intervenir por el abandono de esos elementos.
El problema que busca atender la medida es visible en varios sectores de la ciudad: postes y fachadas con grandes cantidades de cables, redes superpuestas y elementos que afectan el espacio público. Según el propio Concejo, el 72,36% de la red de alumbrado público —más de 6.100 kilómetros— permanece instalada de forma aérea, y durante 2025 se reportaron 99 fallas clasificadas como riesgo eléctrico.
La empresa advierte, además, que enterrar las redes no consiste simplemente en retirar los cables de los postes: exige excavaciones, obras civiles, ductos, cámaras y nuevos sistemas de conexión. Señala que hay sectores con vías consolidadas, andenes demasiado estrechos, interferencias con otros servicios públicos, terrenos en pendiente y zonas con reservas viales que dificultarían una intervención generalizada. Y advierte que las redes subterráneas plantean retos propios: cuando ocurre una falla, localizarla y repararla puede ser más complejo, especialmente en zonas con humedad, inundaciones o deterioro de cámaras y ductos. Por eso sostiene que el proceso debe ser progresivo y con criterios técnicos.