La Comisión Segunda del Senado aprobó en primer debate el proyecto de ley 266 de 2026, que ratifica el Acuerdo Integral de Asociación Económica (CEPA) entre Colombia y los Emiratos Árabes Unidos. El tratado, suscrito originalmente el 18 de abril de 2024, había permanecido en trámite legislativo y ahora entra en fase de implementación formal durante la actual administración.
El objetivo es abrir canales de acceso preferencial para la oferta exportable colombiana en un mercado con alto poder adquisitivo. El marco del acuerdo contempla la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias, mayor seguridad jurídica para la inversión extranjera directa y ventajas competitivas para las micro, pequeñas y medianas empresas en los sectores productivos.
El ponente del proyecto, el senador Honorio Henríquez Pinedo, presidente del Congreso, sostuvo durante la sustentación que el trámite del texto refleja continuidad institucional y trabajo conjunto en beneficio de la economía del país.
Con la aprobación se proyecta una dinamización de las ventas externas de bienes no minero-energéticos hacia el Medio Oriente. Entre los productos que recibirán beneficios arancelarios inmediatos o desgravación gradual figuran el café, las flores frescas, las frutas, las hortalizas, el cacao, los productos cárnicos y varios segmentos de la manufactura nacional.
Henríquez también destacó que el texto prioriza mecanismos para que los pequeños y medianos productores agrícolas e industriales puedan entrar en las cadenas logísticas y redes de distribución emiratíes.
Preocupaciones por el oro ilegal
Durante el debate algunos legisladores expresaron inquietudes sobre los mecanismos de trazabilidad y el riesgo de que el intercambio pudiera ser aprovechado por estructuras dedicadas a la extracción y comercialización ilícita de oro.
El ponente aclaró que el articulado y los anexos del acuerdo mantienen vigentes los controles de origen, la fiscalización aduanera y los estándares internacionales de debida diligencia, por lo que las autoridades competentes conservan sus facultades regulatorias y de inspección para impedir el tránsito de recursos de minería no autorizada.
El proyecto pasa ahora a la plenaria del Senado para cumplir su segundo debate.