Un borrador de decreto del Gobierno nacional provocó un nuevo choque político en Colombia por las reglas para regular la protesta ciudadana. La propuesta daría mayores facultades a la Policía para actuar ante manifestaciones violentas, pero todavía no ha sido expedida de manera definitiva.
El documento establece que el diálogo con los manifestantes podría darse por terminado cuando se detecten armas de fuego, explosivos, artefactos incendiarios o cuchillos, entre otros elementos. En esos casos, la Policía actuaría para prevenir, contener y hacer cesar posibles conductas punibles o actos de violencia.
Críticas desde el Pacto Histórico
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, cuestionó el contenido del borrador y sostuvo que podría desconocer avances relacionados con las garantías para ejercer la protesta social mediante el diálogo.
El senador Kevin Gómez, también del Pacto Histórico, afirmó que la propuesta busca criminalizar la protesta social y resolver los conflictos mediante la intervención de la fuerza pública. A su juicio, el enfoque sería contrario al ordenamiento jurídico y tendría un carácter autoritario.
Respaldo a una mayor intervención policial
Desde el Centro Democrático, el senador Hernán Cadavid defendió la necesidad de contar con herramientas más ágiles cuando las manifestaciones se aparten de los canales institucionales. El congresista sostuvo que fortalecer la respuesta estatal no equivale necesariamente a vulnerar los derechos humanos.
El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, también respaldó la iniciativa. Según dijo, el derecho a la protesta no debe convertirse en una autorización para ejercer violencia, destruir bienes o intimidar a quienes no participan en las movilizaciones.