El Gobierno colombiano prepara un decreto para trazar las líneas de base del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y reafirmar que lo considera un conjunto territorial bajo su administración y defensa. El documento, previsto para el 30 de noviembre, no incluiría diálogos con Nicaragua.
La decisión fue anunciada por el presidente Abelardo De la Espriella desde aguas del archipiélago. El mandatario sostuvo que Colombia no cederá territorio marítimo ni abandonará a los pescadores de la región.
Germán Calderón, director de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, confirmó que el decreto no contemplaría conversaciones con Managua. Según explicó, la medida busca cerrar las dudas sobre el control colombiano en esa zona y establecer los términos de la relación con el gobierno de Daniel Ortega.
La base legal de la decisión
El trazado se apoyaría en la Ley 10 de 1978, que otorgó al Gobierno colombiano la facultad de señalar las líneas de base del archipiélago, y en la Convención sobre el Derecho del Mar. La Armada Nacional tendrá a su cargo la ejecución técnica del trabajo, que ya había sido realizado de manera preliminar años atrás.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, afirmó que el Gobierno considera que el fallo de 2012 de la Corte Internacional de Justicia no puede aplicarse literalmente. La posición oficial es que los cayos colombianos no deben tratarse como enclaves en aguas nicaragüenses, sino como parte de un archipiélago que Colombia administra y protege de manera integral.
Calderón describió la medida como una declaración tácita de archipiélago de Estado y sostuvo que la soberanía colombiana sobre el conjunto quedó ratificada con las decisiones posteriores de la Corte.
Una nueva etapa en la relación con Managua
La Corte Internacional de Justicia determinó en 2023 que había agotado su jurisdicción sobre el caso. De acuerdo con la interpretación citada en la fuente, Colombia no estaría obligada a acudir nuevamente a ese tribunal si Nicaragua presenta otra demanda relacionada con la disputa.
La medida no impediría un eventual acuerdo bilateral sobre asuntos específicos, pero el Gobierno colombiano no contempla por ahora una negociación directa para elaborar el decreto. La relación también está marcada por la decisión de Nicaragua de conceder asilo a Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, señalado por su presunta participación en el desfalco de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.
La postura frente a Nicaragua contrasta con la política hacia Venezuela, país con el que Colombia busca ampliar el comercio. El Gobierno también ha planteado una mayor cooperación regional en materia de seguridad marítima, en coordinación con Estados Unidos y otros países del Caribe.