Un grupo de 19 integrantes de la Cámara de Representantes de Estados Unidos pidió formalmente al Gobierno de Donald Trump que no destine recursos ni proporcione asistencia para reactivar la aspersión aérea con glifosato sobre cultivos de coca en Colombia. La solicitud la hicieron llegar al secretario de Estado, Marco Rubio, mediante una carta fechada el 29 de octubre de 2026.
La iniciativa fue liderada por el demócrata por Wisconsin, Mark Pocan, y contó con la firma de 18 congresistas del ala progresista del Partido Demócrata, entre ellos Raúl Grijalva (Arizona), Jim McGovern (Massachusetts), Barbara Lee (California), Greg Casar (Texas) y Maxwell Frost (Florida).
Los argumentos contra la aspersión
Los congresistas ponen en duda la efectividad de la fumigación aérea para reducir de manera permanente los cultivos de coca. Según el documento enviado al Departamento de Estado, existe evidencia empírica que cuestiona esta estrategia como mecanismo sostenible de erradicación.
Advierten, además, que la aspersión puede generar un ciclo recurrente de resiembra y desplazamiento de los cultivos hacia otras zonas, incluidas áreas de especial protección ambiental, sin resolver las causas estructurales que permiten su permanencia en los territorios.
En materia de salud, la carta menciona posibles afecciones respiratorias y dermatológicas, así como un eventual incremento de patologías crónicas en poblaciones campesinas e indígenas expuestas a los herbicidas.
Sobre lo ambiental, los legisladores expresaron preocupación por los efectos de las fumigaciones sobre la biodiversidad, las fuentes hídricas y la seguridad alimentaria, y calificaron como irreparables algunos de los daños que, según sus advertencias, podrían ocasionarse a los ecosistemas.
Qué proponen en su reemplazo
En lugar de respaldar la reanudación de las aspersiones, los representantes solicitaron al Departamento de Estado priorizar otras líneas de cooperación con Colombia: desarrollo rural integral, programas de sustitución voluntaria de cultivos, fortalecimiento de las economías locales y protección de los derechos humanos.
La propuesta apunta a que la cooperación bilateral se concentre en atender las condiciones económicas y sociales de las comunidades vinculadas a territorios con cultivos de coca, y a que el Gobierno de Washington se abstenga de cualquier tipo de respaldo para reactivar la fumigación aérea.