El Congreso de la República, la Rama Ejecutiva y los órganos de control firmaron el Gran Acuerdo Institucional por la Transparencia, una ruta con diez compromisos para facilitar el acceso a la información pública, detectar irregularidades y fortalecer las sanciones contra las redes de corrupción.
El documento fue suscrito por el presidente del Senado, Honorio Miguel Henríquez Pinedo, y el presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Antonio Barguil Cubillos. Su vigencia inicial será de cuatro años y podrá prorrogarse mediante un acuerdo escrito entre las partes.
Información pública y protección a denunciantes
Entre los compromisos se encuentra la publicación proactiva de información sobre contratación, compras, gestión administrativa y ejecución presupuestal en datos abiertos, conforme a los parámetros de la Ley 1712 de 2014.
Las entidades también acordaron realizar ejercicios periódicos de rendición de cuentas con indicadores de gestión claros y mecanismos de verificación ciudadana. El pacto incluye garantías de confidencialidad y esquemas de protección para ciudadanos y servidores públicos que informen sobre actos de corrupción o anomalías administrativas.
Otro eje será la transformación digital y la interoperabilidad de los sistemas de información pública, con el objetivo de facilitar las auditorías y el rastreo de los expedientes.
Seguimiento al uso de los recursos públicos
El acuerdo plantea hacer visible el recorrido de los recursos públicos desde su asignación presupuestal hasta la ejecución final en el territorio. Para verificar el cumplimiento, se creará una Mesa Técnica de Seguimiento con un delegado de cada entidad firmante.
La mesa sesionará de forma ordinaria al menos dos veces al año y deberá presentar un informe público anual sobre los avances. Además, cualquier organismo público u organización social de carácter institucional podrá adherirse al pacto mediante una solicitud escrita.
La estrategia también busca incorporar el control social de las veedurías ciudadanas en la vigilancia de los contratos de obra pública y de los proyectos de inversión en las regiones.