Foto: El presidente #GustavoPetro posesionó a #SandraUrrutia como ministra TIC / Wikimedia Commons
El celular de alta gama de Deicy Alejandra Jiménez se entregará en los próximos días como parte de la evidencia con la que esta joven de 27 años sostiene su denuncia contra el expresidente Gustavo Petro por un canje de contratos públicos por favores sexuales durante el anterior Gobierno, versión que el político desmiente categóricamente. Jiménez repitió su relato el pasado jueves en una diligencia con la Sala de Instrucción de la Corte Suprema.
En su narración ante la corporación, Jiménez, nacida en Sevilla (Valle), repitió que conoció a Petro a través de una página para adultos cuando tenía cerca de 18 años, mientras él ocupaba una curul en el Senado y ya había aspirado a la presidencia. El exmandatario ha desmentido el señalamiento y lo atribuye, entre otros factores, a un intento de orillas políticas por invadir su vida íntima, 'con dinero de por medio'. El hecho de que recursos públicos aparezcan involucrados en la versión de la denunciante llevó a que se pidiera a la justicia indagar esa información.
Al testimonio se suman otras líneas de investigación: si los nexos personales pasaron del terreno privado al uso irregular de dineros públicos, al manejo opaco de nóminas en notarías y ministerios y a la entrega de cargos a personas sin la experticia exigida. La narrativa venía circulando desde hace meses bajo el rótulo de las 'mariposas amarillas', a partir de la denuncia de Angie Rodríguez, exjefa del Dapre y otrora ficha de confianza de Petro, quienes ya llevaron ese señalamiento ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. El actual jefe del Dapre, Carlos Ríos, asegura haber documentado 48 casos con visos similares al de Jiménez.
Los contratos de la denunciante
Andrés Caballero, apoderado de Jiménez, confirmó un total de cinco contratos públicos de su clienta, que incluyen: uno en la primera vicepresidencia del Senado, cuando lo encabezaba María José Pizarro; otro en la cartera del Interior, en tiempos de Armando Benedetti; un tercero en la Superintendencia de Vigilancia y un cuarto en trámite en el Dapre, a 13 días de que expirara el Gobierno de Petro, que Jiménez dijo desconocer. La existencia de esos contratos había sido anticipada en julio por el activista y economista R3ntas en X, quien publicó una foto de una plataforma para adultos con la joven y afirmó que en el Ministerio del Interior 'trabajaba una webcam'.
'No se le puede exigir a una mujer que, cuando hay conductas a puerta cerrada, tenga una prueba adicional a su testimonio. Ese, de por sí, ya es una prueba, como lo indica la ley', sostuvo Caballero, quien aseguró que su clienta es una víctima del caso.
Aunque rechazan los señalamientos, ni el exmandatario ni la senadora Pizarro han desmentido el nexo personal y contractual con Jiménez, respectivamente.
Las 'casas ocultas'
Jorge Lemus, quien dirigió por más tiempo la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno Petro, admitió que se habilitaron casas con funciones de fachada, sostenidas con gastos reservados y puestas a disposición del entonces presidente para reuniones que no querían quedar registradas en la Casa de Nariño, por ejemplo, con opositores. 'Son casas de seguridad a las que finalmente nunca fue el Presidente (…) Allí funcionaban dependencias de la DNI y no se usaban para lo que están diciendo', respondió Lemus al ser consultado.
Dos exintegrantes de la cúpula de la DNI contaron una versión adicional: el esquema de seguridad reportó el uso, por parte del mandatario y su custodia, de una casa en el sur de Bogotá y de dos más, una de ellas a un par de cuadras de Corferias, en el barrio Quinta Paredes. La alerta llegó semanas antes de la COP16 de Cali, celebrada entre octubre y noviembre de 2024. Según los exfuncionarios, se verificó si el presidente pernoctaba dos y hasta tres días en casas particulares, se sugirió reforzar su seguridad porque en la zona de una de las viviendas operaba una banda local y se solicitó disponer de una ambulancia cercana. El tema de las alertas y desplazamientos, agregaron, estuvo a cargo del área de contrainteligencia de la entidad.
'Por allá y por otra casa pasaron muchas personas, entre ellas un director de la Policía, un funcionario de una alta corte y hasta un alto ejecutivo del grupo Ecopetrol. Se utilizaban alternativamente como oficinas para tratar decisiones de Estado, y luego para reuniones privadas', relató una de las personas que estuvo en ese lugar como parte de un esquema de seguridad. Fuentes de inteligencia precisan que es usual que un mandatario emplee oficinas alternas para asuntos de Estado; lo que se pide indagar es si esas casas tuvieron otros usos y con qué dineros se cubría su renta y sostenimiento.
Dos fuentes señalaron además a un par de empresarios y a una abogada que pasó del Dapre a una notaría como enterados de los movimientos en algunas de esas viviendas. Uno de los empresarios mencionados negó cualquier vínculo con el manejo de las casas, aunque admitió contactos con el Gobierno para atraer inversión extranjera. La notaria consultada respondió: 'Yo no doy información personal mía ni de nadie'.
La respuesta de Petro y las otras líneas
Otra de las líneas apunta a Jesusita Quirós, secretaria de confianza de Petro en el Congreso, mencionada en un chat aportado por Jiménez y publicado por la revista Semana: 'Me dijo Jesusita que no habías llamado a la persona con la que siempre dejas los documentos y que te están esperando', se lee en un mensaje del 2 de septiembre de 2022 enviado desde uno de los cuatro perfiles que Petro usaba. Consultada, la exasesora no respondió las llamadas.
La defensa del expresidente también se pronunció. El abogado Alejandro Carranza, tras consultar con Petro, admitió que hubo reuniones en casas particulares, pero negó que allí hubiese mujeres, drogas o licor. 'Solo se trataron temas de seguridad nacional', afirmó, y agregó que funcionarias que se quedaron en el nuevo Gobierno vienen siendo presionadas para declarar sobre su relación con el expresidente, algo que calificó de persecución laboral y abuso que va a denunciar. Carranza, además, reiteró las acciones legales contra Angie Rodríguez.