El Gobierno de Abelardo De La Espriella retiró la candidatura de la jurista Carolina Olarte-Bácares a una de las seis plazas de magistrado que se renovarán en la Corte Penal Internacional (CPI) en diciembre de 2026. Con la decisión, Colombia queda por fuera del proceso de selección del tribunal con sede en La Haya.
Olarte-Bácares había sido postulada en marzo de este año por el gobierno de Gustavo Petro. Según documentos del proceso, el comité de evaluación la ubicó entre los aspirantes con las calificaciones más altas, y era la única candidata de América Latina y el Caribe en la contienda.
La propia exembajadora aseguró que no conocía las razones de su retiro y que se enteró a través de un representante de uno de los Estados parte del Estatuto de Roma. Recibió la noticia cuando se encontraba en La Haya.
Una hoja de vida en derecho internacional
La jurista acumula más de dos décadas de experiencia en derecho internacional, derechos humanos y asuntos diplomáticos. Fue decana de Derecho de la Universidad Javeriana y actuó como agente del Estado colombiano ante la Corte Internacional de Justicia durante el litigio marítimo con Nicaragua.
El retiro ocurre mientras la relación entre el nuevo Gobierno y la CPI atraviesa tensiones. En las últimas semanas han circulado versiones sobre un eventual retiro de Colombia del Estatuto de Roma, aunque no existe un anuncio oficial que confirme esa medida.
La CPI elegirá entre el 7 y el 17 de diciembre a seis nuevos magistrados para el periodo 2027-2036. Con la salida de Olarte-Bácares, Colombia pierde la posibilidad de buscar, por primera vez, una magistratura en ese tribunal internacional.