El Gobierno anunció la puesta en marcha del Fondo Milagro, un patrimonio autónomo que tendrá un presupuesto inicial de $1 billón para financiar la atención humanitaria y la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto.
El mecanismo comenzará a operar este miércoles 7 de octubre de 2026, después de un Consejo de Ministros que se extendió por más de siete horas en la Casa de Nariño. Los recursos estarán destinados a recuperar viviendas, colegios, hospitales, vías, acueductos y otra infraestructura dañada.
El presidente Abelardo De La Espriella aseguró que el fondo permitirá administrar los recursos públicos y privados con transparencia y rapidez. Jaime Andrés Uribe Tamayo fue designado como gerente, con la responsabilidad de coordinar, administrar y hacer seguimiento a los recursos.
La junta directiva estará integrada por Liliana Restrepo, fundadora de Frisby; Germán Bahamón, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros; César Caicedo, presidente de Colombina; el empresario Arturo Calle y Carlos Ríos, secretario general de la Presidencia.
Auditoría al FOMAG y advertencia al Cric
Durante la reunión, el mandatario ordenó sanear y auditar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAG, con el fin de establecer el valor de su déficit y garantizar la atención de los maestros. El fondo cerró 2025 con un patrimonio negativo de $3,2 billones y un déficit operativo de $2,7 billones. Además, la Contraloría reportó hallazgos fiscales por $176.795 millones.
De La Espriella también se refirió a la jornada de protestas anunciada por el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, entre el 11 y el 14 de octubre. El Gobierno dijo que garantizará la protesta pacífica, pero advirtió que no permitirá bloqueos de vías, violencia ni vandalismo.
El presidente afirmó que revisará "peso por peso" y "contrato por contrato" los $1,13 billones que el Estado reporta como entregados al movimiento indígena dentro de los planes concertados.
Plan para evitar un apagón
El Gobierno anunció además un plan de choque para tomar, antes del 31 de diciembre, las medidas necesarias para reducir el riesgo de un apagón. La estrategia contempla ahorro, disponibilidad de combustibles y gas, despacho de las plantas térmicas y uso máximo de la capacidad existente.