El Gobierno de Abelardo de la Espriella prepara un decreto para extender 14 meses el periodo de transición antes de que el Registro Universal de Ingresos (RUI) se convierta en el único instrumento de focalización de subsidios y programas sociales. La propuesta llevaría el plazo hasta el 31 de diciembre de 2027, en lugar del 31 de octubre de 2026.
El borrador del Departamento Nacional de Planeación (DNP) justifica el aplazamiento con el aumento de las reclamaciones ciudadanas y las dificultades provocadas por el sismo del 10 de agosto. Según el documento, desde el inicio de la implementación del RUI se han recibido más de 120.000 peticiones de personas inconformes con su clasificación socioeconómica.
Reclamaciones y daños por el sismo
El DNP señala que en un solo mes se registró un volumen de reclamaciones cercano a diez veces el total de todo 2025. El organismo considera que existe una preocupación generalizada y que se necesita más tiempo para explicar el funcionamiento del sistema, calibrar los modelos de estimación y corregir posibles fallas metodológicas.
El segundo argumento está relacionado con el sismo del 10 de agosto. El borrador indica que varias alcaldías resultaron destruidas o sufrieron daños estructurales, mientras municipios de categorías 5 y 6 perdieron por completo la conectividad. Además, algunas oficinas locales del Sisbén quedaron inhabilitadas.
Cómo funcionaría la transición
El RUI sería el único instrumento de focalización a partir del día siguiente a la finalización del periodo de transición. Su operación se aplicaría de manera progresiva y dependería de la disponibilidad, calidad e interoperabilidad de la información.
Hasta entonces, las entidades tendrían que mantener la consistencia entre sus mecanismos de focalización y el Sisbén IV. Después, el Sisbén conservaría la función de capturar información mediante encuestas para alimentar el RUI. El documento aclara que la aplicación progresiva no implica el uso exclusivo del RUI durante la transición.
Las entidades que ofrecen programas sociales deberán adoptar y publicar un acto administrativo con su propio esquema de transición, incluido un cronograma y mecanismos de atención. También tendrán que definir sus puntos de corte, analizar el impacto del cambio en la población y garantizar la continuidad de los beneficios para evitar interrupciones injustificadas.