El Ministerio de Agricultura derogó las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (Appa) que abarcaban 102.801 hectáreas en 19 municipios del Suroeste antioqueño. La decisión pone fin a una política creada durante el gobierno de Gustavo Petro para proteger suelos con vocación agrícola.
El anuncio lo hizo el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond Baquero, durante un evento en Fredonia, Antioquia. De acuerdo con el Ministerio, la medida se tomó después de una revisión técnica de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra).
La evaluación identificó deficiencias en la precisión cartográfica, exclusiones incompletas de áreas protegidas e inconsistencias entre las delimitaciones y la realidad productiva de los suelos. La cartera también sostuvo que las restricciones no tenían soportes técnicos suficientes y que el proceso presentó vacíos relacionados con la consulta previa.
La medida cambia las restricciones sobre el territorio
Con la derogatoria quedan sin efecto las limitaciones de uso del suelo sobre el 29 % del territorio de los municipios involucrados. Dangond afirmó que la decisión cumple una promesa del presidente Abelardo de la Espriella y anunció que el Gobierno continuará con las Appa de Córdoba y Tolima, con el objetivo de que "no quede ninguna APPA en Colombia".
El ministro participó en el XXXVII Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño junto al viceministro de Desarrollo Rural, José Leónidas Tobón, y el director de la Upra, Alberto José Esmeral.
La primera orden de derogación de estas áreas fue firmada el 2 de octubre de 2026 en Urumita, La Guajira. En ese caso, se levantaron restricciones que afectaban aproximadamente 80.000 hectáreas en ocho municipios del sur del departamento.
Las Appa fueron creadas mediante el artículo 32 del Plan Nacional de Desarrollo, establecido en la Ley 2294 de 2023. La política buscaba proteger tierras de alta calidad para la producción de alimentos, pero también generó cuestionamientos por sus efectos sobre las facultades de los municipios para definir el ordenamiento territorial a través de los planes de ordenamiento territorial.
Sus críticos señalaron que las resoluciones administrativas produjeron incertidumbre jurídica para sectores como la construcción y la minería, al limitar las competencias de los concejos municipales.