El Ministerio de Agricultura derogó, mediante una resolución, las áreas de protección para la producción de alimentos (APPA) que cobijaban a 17 municipios de Córdoba. La decisión alcanza a Montería, Ayapel, Buenavista, Cereté, Chinú, Ciénaga de Oro, Cotorra, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima, Sahagún, San Antero, San Carlos y San Pelayo.
La medida venía siendo evaluada por el Gobierno desde semanas atrás. Sus promotores consideraban que las APPA habían generado restricciones para otros sectores económicos, entre ellos la minería, el comercio, la construcción de vivienda, la industria y el turismo.
La discusión sobre el uso de la tierra
Las áreas habían sido incorporadas al ordenamiento jurídico colombiano durante el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Su propósito era proteger territorios con vocación agrícola, garantizar la producción de alimentos y preservar la seguridad alimentaria, evitando que esas tierras fueran destinadas a actividades incompatibles con las labores agropecuarias.
Los críticos de la figura sostenían que las decisiones sobre el uso del suelo podían afectar la autonomía de los municipios y limitar el desarrollo de otras actividades económicas en esos territorios.
Algunos congresistas que se opusieron a las APPA también señalaron que la figura generaba incertidumbre jurídica para propietarios e inversionistas y podía afectar derechos relacionados con la libertad económica y la propiedad privada.