El Ministerio de Minas y Energía derogó las 15 resoluciones que delimitaban los Distritos Mineros Especiales, una política creada durante el gobierno de Gustavo Petro para promover la formalización y la diversificación económica en zonas de actividad extractiva.
La decisión quedó consignada en la Resolución 40579 del 22 de octubre de 2026. Según el Ministerio, los distritos comprendían 5,3 millones de hectáreas, equivalentes a cerca del 5 % del territorio nacional, en Antioquia, Boyacá, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Huila, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Valle del Cauca y el litoral Pacífico.
El Gobierno justificó la derogatoria con cuatro argumentos: ausencia de resultados verificables, falta de alternativas para sustituir la minería, incertidumbre jurídica y escasa concertación con las autoridades regionales.
El Ministerio señaló que, después de más de dos años desde la primera delimitación, no se habían concretado resultados en diversificación productiva, reconversión laboral, industrialización ni calidad de vida. También afirmó que los planes estratégicos de gestión no llegaron a formularse ni adoptarse completamente.
La entidad sostuvo además que la sustitución progresiva de la minería se planteó sin demostrar que existieran alternativas productivas ciertas, financiables y viables. A su juicio, esto podía afectar el empleo, las regalías y el derecho al trabajo de las comunidades.
El Ministerio también cuestionó que las delimitaciones no establecieran reglas claras sobre vigencia, extensión máxima, modificaciones o transición para proyectos en curso. A esto sumó la falta de articulación con los planes de ordenamiento territorial y con gobernaciones y alcaldías.
Qué derechos se mantienen
La derogatoria no afecta los derechos adquiridos, los actos administrativos en firme, las decisiones judiciales ni los acuerdos celebrados válidamente. El Ministerio aclaró que también reconoce los procesos de participación y consulta previa adelantados en el Bajo Cauca antioqueño y el Norte del Cauca.
La entidad anunció que trabajará con las regiones de vocación minera durante la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, con una agenda que integre la minería legal con otras actividades productivas.