Los organismos internacionales ya están en terreno: delegados de ONU Derechos Humanos y de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA (MAPP/OEA) comenzaron a acompañar y verificar el cumplimiento de las sanciones propias impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
El esquema se activa ocho días después de que los integrantes del antiguo secretariado de las Farc iniciaran el cumplimiento formal de las medidas restaurativas fijadas por el tribunal transicional.
Las diligencias de campo arrancaron en el cementerio San Antonio de Padua, de Pitalito, Huila, donde los delegados inspeccionaron los trabajos iniciales enfocados en la búsqueda e identificación de personas dadas por desaparecidas.
El representante adjunto de ONU Derechos Humanos en Colombia, Carlos de la Torre, explicó que la presencia física en las regiones permite definir las metodologías y herramientas técnicas con las que ambas organizaciones auditarán las sentencias relativas a los casos de secuestro y de ejecuciones extrajudiciales. El mecanismo, destacó el funcionario, busca garantizar la efectividad de la reparación a las víctimas y el acceso a la verdad.
En esta primera fase del Huila, los exintegrantes del grupo armado adelantan labores coordinadas con siete exfuncionarios de la Fuerza Pública involucrados en investigaciones por ejecuciones no constitutivas de combate. El trabajo conjunto está orientado a recopilar información cartográfica y testimonial para dar respuesta a las familias que buscan a sus allegados.
El embajador de Noruega en Colombia, Dag Nagoda, valoró la puesta en marcha de las medidas: la verificación internacional, aseguró, certifica ante la opinión pública el avance de los compromisos derivados de la justicia transicional y el cumplimiento del mandato del tribunal.
Nuevas sanciones en el Cesar
Las autoridades del sistema judicial informaron que próximamente los 12 exintegrantes del Batallón La Popa, grupo con sede en Valledupar, iniciarán la ejecución de sus sanciones de carácter restaurativo. Los exmilitares desarrollarán proyectos comunitarios y de reparación en el departamento del Cesar, después de haber reconocido su responsabilidad operativa en hechos cometidos durante el conflicto armado.