El Departamento Administrativo de la Presidencia de la República expidió la Circular Interna Número 06 de 2026, con nuevas directrices sobre austeridad del gasto público para ministerios, departamentos administrativos y entidades que reciben recursos del Presupuesto General de la Nación.
El documento fue emitido el 7 de octubre, después de la presentación y aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027. Entre sus principales disposiciones está la obligación de priorizar reuniones y eventos virtuales frente a actividades que requieran desplazamientos internacionales.
Condiciones para los viajes al exterior
Cuando una comisión internacional sea indispensable, deberá contar con autorización previa de la Jefatura de Despacho Presidencial. Las solicitudes deben radicarse con suficiente anticipación para que el proyecto de decreto llegue a la Secretaría Jurídica al menos cinco días hábiles antes del inicio del viaje.
La circular también ordena comprar los pasajes en la tarifa más económica disponible y reembolsar de inmediato a la entidad los valores no utilizados de tiquetes o viáticos.
Restricciones a la publicidad estatal
La directiva prohíbe destinar recursos públicos a promocionar o exaltar la imagen de funcionarios mediante sus redes sociales personales, agrupaciones políticas o marcas de gobierno.
También restringe los contratos para elaborar o adquirir material promocional impreso, como agendas, libretas u otros objetos institucionales destinados a difundir la gestión gubernamental. La divulgación oficial deberá limitarse al cumplimiento de las funciones de cada entidad y a garantizar el derecho de los ciudadanos a recibir información.
Durante la atención de emergencias, la contratación de pauta no podrá utilizarse para destacar la imagen de servidores públicos ni la gestión del Gobierno. En esos casos, los recursos del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres solo podrán financiar campañas operativas sobre rutas de ayuda, ubicación de albergues o prevención de fraudes.
Las restricciones no cobijan las campañas cívicas o de interés general que tengan sustento legal explícito, entre ellas las relacionadas con seguridad vial, salud pública, prevención de la violencia de género, cultura tributaria y convivencia. También se permiten las publicaciones exigidas por la ley, una orden judicial o los procedimientos administrativos, contractuales y judiciales.