La defensa de Sandra Liliana Ortiz recusó a la jueza octava penal de Bogotá durante la audiencia preparatoria del proceso por su presunta participación en el entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). La diligencia fue suspendida y se reanudará el 11 de noviembre, a las 8:00 a. m., mientras se resuelve la solicitud.
El abogado Mauricio Camacho sostuvo que la jueza ya había intervenido como funcionaria de control de garantías en el mismo caso. Según la defensa, esa actuación previa podría comprometer la objetividad necesaria para conducir el juicio.
“El tema es que hay una persona, la que está debatiendo si va a pasar 20 años o no en una cárcel, y yo creo que sí amerita que haya un juez del cual nadie pueda decir que tenga comprometida su objetividad”, afirmó Camacho durante la audiencia.
Ortiz también intervino y manifestó que no cuenta con garantías para enfrentar el proceso. “Se ha contaminado su imparcialidad. Por tanto, esta defensa material no confía. Se lo digo mirando a los ojos, yo no confío en usted, su señoría, no confío”, dijo.
La exconsejera presidencial pidió que la funcionaria se apartara del caso y aclaró que su solicitud no constituía un ataque personal. Según Ortiz, se trata de un reclamo por el derecho a un juicio imparcial.
Una recusación presentada anteriormente
En mayo, la defensa ya había promovido otro trámite de recusación contra la misma jueza. En esa ocasión, la funcionaria consideró que no existían fundamentos jurídicos para que la petición prosperara, pues no se había demostrado una enemistad con la procesada o su abogado ni su vinculación formal a una investigación disciplinaria con cargos formulados.
El proceso contra Sandra Ortiz
La audiencia del 23 de octubre debía definir cuáles pruebas y testimonios podría utilizar Ortiz en su defensa. La Fiscalía sostiene que la exfuncionaria habría actuado como mensajera de sobornos destinados a conseguir apoyo de los entonces presidentes del Senado y la Cámara en votaciones de proyectos estratégicos para el Gobierno durante 2023.
Por esos hechos, la Fiscalía la acusa de tráfico de influencias y lavado de activos. Entre los elementos de investigación se encuentran informes sobre sus comunicaciones y reuniones con varios implicados en el caso, así como la reconstrucción de una presunta entrega de COP 3.000 millones a Iván Name, entonces presidente del Senado.
Según la reconstrucción citada en el proceso, el dinero habría sido entregado en dos operaciones realizadas el 12 y el 13 de octubre de 2023. La defensa mantiene que la jueza debe apartarse antes de que avance la etapa preparatoria.