Daniel, un instalador eléctrico cuyo nombre fue cambiado para proteger su identidad, permanece bajo prisión domiciliaria y enfrenta una deuda que, según sus cálculos, supera los 600 millones de pesos. En una entrevista, aseguró que el problema comenzó tras un negocio de alumbrados navideños relacionado con el político boyacense César Pachón.
El contrato de 2017 contemplaba la instalación de alumbrados en el Puente de Boyacá y el Pantano de Vargas. Daniel sostuvo que puso su empresa y su experiencia técnica, mientras Pachón se encargaría de gestionar el negocio y garantizar el pago de los costos operativos y los impuestos.
Según su relato, después de terminar el contrato no recibió los recursos necesarios para cubrir las obligaciones tributarias. La deuda relacionada con el IVA aumentó con los intereses y la DIAN comenzó a enviarle requerimientos de pago.
La condena y las obligaciones tributarias
El 11 de septiembre de 2024, un juzgado de Tunja condenó a Daniel por omisión de agente retenedor. El instalador calculó que la deuda con la DIAN ronda los 350 millones de pesos, mientras que, al sumar intereses y otros compromisos que atribuye al negocio, el monto total supera los 600 millones.
Daniel afirmó que intentó llegar a un acuerdo de pago, pero que las cuotas que puede asumir no alcanzan para cubrir la obligación. La prisión domiciliaria también le impide desplazarse para realizar instalaciones eléctricas, por lo que perdió clientes y buena parte de sus ingresos.
La vinculación a una UTL y el préstamo
El problema, según Daniel, continuó cuando Pachón llegó a la Cámara de Representantes en 2018. Aseguró que le pidieron esperar nuevos contratos y que luego fue vinculado a la Unidad de Trabajo Legislativo como asesor uno, con un salario superior a seis millones de pesos mensuales.
Sin embargo, sostuvo que no podía disponer libremente del dinero porque se destinaba a compromisos políticos y personales ajenos. También afirmó que solo acudió algunas veces al Congreso, permaneció vinculado durante más de un año y finalmente dejó de recibir respuestas.
El instalador agregó que durante ese periodo le solicitaron tramitar un crédito de libranza con BBVA. El préstamo inicial era de 80 millones de pesos y, tras su salida de la UTL, aseguró que debió asumir un saldo cercano a 50 millones, más los intereses.
Daniel manifestó además temor por su seguridad y la de su familia. Dijo que dejó constancia ante la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia de que considera que Pachón debe ser investigado si algo les ocurre. También relató que firmó un documento de confidencialidad porque confiaba en que recibiría el dinero pendiente.
El reportaje señaló que el expediente incluye chats y audios relacionados con los compromisos económicos que Daniel atribuye al político. Al cierre de la publicación, César Pachón no había respondido las preguntas enviadas para conocer su versión.