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miércoles, 18 de noviembre de 2026 Noticias de Colombia y el mundo.

Gobierno pide retirar la reforma rural de la verificación internacional del Acuerdo de Paz

La solicitud ante la ONU abre un debate sobre el futuro del acompañamiento internacional al acuerdo firmado en 2016 y sobre los compromisos pendientes en el campo colombiano.
Escrito por Redacción Web 18 octubre, 2026
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Campesinos trabajan en un paisaje rural colombiano, relacionado con los compromisos de reforma agraria del Acuerdo de Paz

Foto: Selena Jiménez / Unsplash

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella pidió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas prorrogar la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz firmado en 2016 con las extintas Farc, pero con un cambio: retirar de su mandato el seguimiento a la Reforma Rural Integral.

La solicitud fue presentada por el canciller Omar Bula durante una intervención ante el organismo internacional. Según el Gobierno, la reforma rural es una política pública estructural y de largo plazo cuya ejecución debe estar a cargo de las instituciones colombianas.

La propuesta plantea que la verificación internacional se concentre en asuntos directamente relacionados con la reincorporación de los firmantes del acuerdo y sus garantías de seguridad. La decisión final deberá tomarse antes del vencimiento del mandato actual, previsto para el 31 de octubre.

El debate sobre la vigencia del acuerdo

El expresidente Juan Manuel Santos, cuyo gobierno negoció el acuerdo, sostuvo que este continúa vigente y puede producir resultados si las administraciones deciden implementarlo. A su juicio, el pacto ofrece una hoja de ruta para reducir brechas estructurales y ampliar las oportunidades de millones de jóvenes.

El acuerdo no se limitó al desarme y la reincorporación de los excombatientes. También incluyó compromisos sobre acceso a la tierra, sustitución de cultivos de uso ilícito, atención a las víctimas y presencia institucional en las zonas más afectadas por la guerra.

Juan Carlos Merchán, experto en conflicto y paz, señaló como avances la permanencia de cerca del 90 % de los excombatientes dentro del acuerdo, el funcionamiento del Estatuto de la Oposición y la operación de instituciones de justicia transicional.

También destacó el trabajo de la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y la Jurisdicción Especial para la Paz, entidades que han contribuido a esclarecer hechos como secuestros, falsos positivos y distintas responsabilidades en la violencia.

Sin embargo, el desarrollo de los territorios donde operaba la antigua guerrilla no avanzó al mismo ritmo. En varias regiones persisten disputas entre organizaciones armadas, economías ilegales y dificultades para acceder a servicios y oportunidades.

La tierra sigue siendo uno de los principales pendientes

La Reforma Rural Integral busca responder a problemas históricos como la concentración de la propiedad, la informalidad de los predios, la pobreza rural y la desigualdad entre el campo y las ciudades.

Según cifras del Gobierno incluidas en un informe de marzo de 2026, se han entregado 323.579 hectáreas a campesinos, mujeres rurales y víctimas. De ese total, 86.000 hectáreas contaban con título de propiedad, frente a una meta de tres millones de hectáreas adjudicadas.

En materia de formalización, el registro alcanzaba 3.905.572 hectáreas, equivalentes al 56 % de la meta de siete millones establecida en el acuerdo. Estos datos muestran avances, aunque también reflejan que buena parte de los compromisos sigue pendiente.

A las demoras se suman los riesgos de seguridad que enfrentan algunos beneficiarios y los retrasos en la puesta en marcha de la Jurisdicción Agraria, destinada a resolver conflictos relacionados con la propiedad y el uso de la tierra.

Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, cuestionó que se retire el seguimiento internacional a un componente que, según planteó, beneficia no solo a los antiguos integrantes de las Farc, sino también a la población campesina.

Humberto de la Calle, quien lideró la negociación con las Farc, también puso en duda que las instituciones nacionales puedan asumir por sí solas la implementación de la reforma agraria, debido a las dificultades históricas del país para cumplir esos compromisos.

Seguridad y cumplimiento de los compromisos

En su informe trimestral presentado el 8 de octubre, el secretario general de la ONU, António Guterres, resaltó el valor del Acuerdo de Paz para promover la seguridad, el desarrollo y la estabilización territorial. Al mismo tiempo, advirtió sobre la inseguridad en las regiones afectadas por el conflicto, las dificultades de la reincorporación y los retrasos en la transformación rural.

Desde la firma del acuerdo, Naciones Unidas ha verificado 501 asesinatos de excombatientes, 185 intentos de homicidio y 56 desapariciones forzadas. Además, entre el 27 de junio y el 30 de agosto, 5.600 personas fueron desplazadas y 4.400 quedaron confinadas en 15 municipios de siete departamentos.

Para Felipe Fernández, consultor en seguridad y paz, el Gobierno debe explicar cómo garantizará la continuidad de los compromisos si modifica los mecanismos de implementación. Según su advertencia, retirar un componente del mandato sin una garantía equivalente de seguimiento podría reducir la presión y la visibilidad sobre los rezagos.

Por ahora, la petición del Gobierno no implica que el Acuerdo de Paz pierda vigencia. La discusión se concentra en el alcance que tendrá el acompañamiento de la ONU y en la capacidad del Estado para avanzar en la transformación de los territorios más afectados por la guerra.

Resumen de la noticia

El Gobierno de Abelardo de la Espriella solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU prorrogar la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz, pero sin incluir el seguimiento a la Reforma Rural Integral. La decisión final deberá adoptarse antes del vencimiento del mandato, previsto para el 31 de octubre. La propuesta generó cuestionamientos de exfuncionarios y expertos, quienes advierten que la reforma agraria sigue pendiente y está vinculada con la seguridad, el desarrollo rural y las causas históricas del conflicto armado.

En pocas palabras

  • La solicitud fue presentada por el canciller Omar Bula
  • El mandato actual de la Misión de Verificación vence el 31 de octubre
  • Se han entregado 323.579 hectáreas frente a una meta de tres millones
  • La ONU ha verificado 501 asesinatos de excombatientes desde la firma del acuerdo

¿Por qué importa?

La decisión puede modificar el seguimiento internacional a compromisos relacionados con la tierra, la seguridad de los excombatientes y la transformación de las regiones más afectadas por el conflicto.

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