El concejal de Bogotá Julián Uscátegui Pastrana demandó ante el Consejo de Estado la nulidad del Decreto 799 de 2025, normativa que trasladó a jueces de circuito de todo el país el conocimiento de tutelas contra actuaciones u omisiones del Presidente, incluyendo asuntos vinculados a la seguridad nacional y la erradicación de cultivos ilícitos.
La iniciativa se fundamenta en resoluciones recientes de despachos de circuito en distintas regiones. Entre los casos citados figura la determinación de un juez de Puerto Asís que ordenó suspender la aspersión aérea de cultivos con glufosinato de amonio en todo el departamento del Putumayo. También se menciona el fallo del Juzgado Segundo Civil del Circuito Especializado en Restitución de Tierras de Popayán, que ordenó al Ministerio de Defensa y al Presidente suspender las órdenes de bombardeo en el departamento del Cauca.
La demanda sostiene que el decreto genera una fragmentación territorial del control judicial sobre actos del Ejecutivo de alcance nacional e internacional. Uscátegui señala el riesgo de que una misma actuación gubernamental sea evaluada por diferentes jueces y reciba fallos divergentes o contradictorios según la sede geográfica donde se interponga la tutela.
Para respaldar el planteamiento, el demandante citó un auto del propio Consejo de Estado del 25 de julio de 2023, en el que la Corporación reconoció que las funciones presidenciales producen efectos generales —argumento que antes justificó la concentración de estas tutelas en el alto tribunal—. La demanda invoca la protección de los principios constitucionales de igualdad, seguridad jurídica, juez natural e independencia judicial.