La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le presentó al Congreso un informe en el que calcula un déficit de $84.663 millones en su presupuesto para 2027 y pide una adición de recursos. El documento, elaborado por la Secretaría Ejecutiva de la entidad, fue remitido a las Comisiones Primeras del Congreso.
Para 2026, la JEP contó con un presupuesto aprobado de $744.658 millones. Para 2027, la entidad solicitó ante el Marco de Gasto de Mediano Plazo $947.642 millones, pero el Gobierno Nacional asignó $821.803 millones en el proyecto de Ley de Presupuesto con enmienda del 28 de agosto: $647.684 millones para Funcionamiento y $174.119 millones para Inversión.
La diferencia entre lo pedido y lo asignado es de $125.839 millones, un 13% menos. Parte de ese monto —$41.176 millones— correspondía a la compra de un inmueble en Chapinero, Bogotá, donde funciona la entidad. El Gobierno no accedió a esa compra, pero incluso descontado ese rubro, persiste un hueco de $84.663 millones: $27.502 millones en Funcionamiento, $1.025 millones en Servicio a la Deuda y $56.136 millones en Inversión.
Qué servicios se verían afectados
El informe detalla que los recursos sin asignar incluyen $27.502 millones para convenios de protección con la Unidad Nacional de Protección (UNP) dirigidos a víctimas y comparecientes en riesgo, $17.570 millones en apoyo administrativo transversal y $14.321 millones para el despliegue judicial en territorio. También quedan sin financiar equipos de tecnología ($11.545 millones), licencias especializadas de investigación ($6.190 millones) y monitoreo de sanciones ($1.217 millones).
En inversión, el proyecto de mayor monto sin financiar es la Participación Integral de Víctimas ($30.203 millones), seguido de Arquitectura de Soluciones Tecnológicas ($16.835 millones). Según el documento, de no asignarse esos recursos podrían afectarse los esquemas de protección de la UNP, la presencia de jueces en territorio y los plazos de la Unidad de Investigación y Acusación (UIA), a la que se atribuye un faltante de $5.459 millones.
El volumen de trabajo de la JEP
El informe sitúa el ajuste presupuestal junto a las cifras de la entidad: 16.097 víctimas acreditadas y 444 sujetos colectivos que representan cerca de 634.804 personas, 367 comparecientes con imputación como máximos responsables (432 imputaciones) y una tasa de reconocimiento de responsabilidad del 91,76%. La JEP reporta 368 personas imputadas y acusadas en ocho años, frente a un promedio de 80,75 acusados en 18,5 años en otros tribunales penales internacionales.
La entidad también destaca medidas de austeridad: una reducción del 9,79% en contratos de prestación de servicios entre 2025 y 2026 (de 827 a 746), ahorros acumulados de $21.574 millones entre 2024 y 2026, y ausencia de gasto en telefonía celular corporativa, publicaciones o publicidad.
El documento, firmado por el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli Arteaga, y el secretario ejecutivo, Harvey Danilo Suárez Morales, fundamenta la solicitud en el Acto Legislativo 01 de 2017, que establece el principio de suficiencia presupuestal para el Sistema Integral de Paz, y en el acuerdo de cooperación entre el Estado colombiano y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. La decisión sobre una eventual adición o reasignación corresponde al Congreso y al Gobierno Nacional.