La Cámara de Representantes volverá a discutir una parte de la reforma pensional después de que la Corte Constitucional ordenara subsanar el trámite de nueve artículos. La plenaria tiene como fecha límite el 29 de octubre para abordar el asunto.
Los artículos que regresarán al Capitolio son el 11, 14, 19, 23, 36, 63, 84, 92 y 93. Además, los congresistas deberán debatir la creación de un nuevo artículo que quedó pendiente durante el trámite de la reforma en el gobierno de Gustavo Petro.
La Cámara solicitó a la Corte Constitucional una prórroga de 30 días. La corporación argumentó que necesita atender primero el Presupuesto General de la Nación de 2027, debido al cronograma previsto para su aprobación. La Mesa Directiva sostuvo que ambos deberes constitucionales requieren deliberaciones formales y decisiones verificables.
El debate político alrededor de la reforma
Víctor Salcedo, representante del Partido de La U, afirmó que la decisión de la Corte limitó la capacidad del Congreso, pues solo permitió revisar una parte de las proposiciones presentadas inicialmente y prohibió modificar los artículos que ya habían sido aprobados.
El resultado del trámite será determinante para la aplicación del resto del articulado. Si la discusión no se completa, podría complicarse la entrada en vigor de la reforma pensional.
En paralelo, el Centro Democrático prepara una contrarreforma liderada por el senador Andrés Forero. El Gobierno también ha planteado intervenir en la discusión para revisar las condiciones de la ley, con participación de sus ministros y de la nueva directora de Colpensiones, Beatriz Eugenia Vélez Vengoechea.
Alfredo Mondragón, representante del Pacto Histórico, pidió al Congreso no prolongar el proceso y sostuvo que la reforma aprobada durante el gobierno anterior contó con el consenso de los actores del sector.
El debate también está rodeado por cuestionamientos sobre la forma en que se obtuvieron los apoyos legislativos para aprobar la reforma. El representante Daniel Briceño ha señalado que el proyecto fue comprado con recursos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, una acusación que no constituye una decisión judicial en la fuente consultada.