El Congreso comenzó a discutir un proyecto de acto legislativo que propone fijar en 2028 el cierre de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y trasladar sus competencias a la justicia ordinaria. La iniciativa plantea crear un régimen de transición para mantener los acuerdos y beneficios jurídicos de los comparecientes.
El senador Enrique Gómez, autor y ponente del proyecto, sostuvo que el Congreso tiene competencia constitucional para establecer el tiempo de funcionamiento de la JEP. Según su planteamiento, la Corte Constitucional no habría limitado la facultad del Legislativo para modificar el periodo de vigencia del organismo.
La propuesta indica que los acuerdos suscritos y los beneficios jurídicos otorgados a los comparecientes se conservarían. El cambio estaría en que la operación del sistema pasaría a la justicia ordinaria.
Costos y resultados, en el centro de la discusión
Durante el debate, Gómez afirmó que la nómina de contratación de la JEP pasó de 134 a 1.218 vinculaciones en menos de siete años. También señaló que ese aumento representa un costo acumulado superior a 62.000 millones de pesos.
El senador Jota Pe Hernández aseguró que la JEP ha emitido 21 sentencias, con un costo de 4 billones de pesos, y que solo cuatro de esas decisiones estarían en firme. Además, afirmó que el presupuesto del tribunal pasó de 140.000 millones de pesos en sus primeros años a una proyección de 947.000 millones solicitados para 2027.
Santiago Barreto sostuvo que una mayor cantidad de resultados habría llevado la discusión hacia una eventual prórroga de la entidad. El senador también cuestionó los costos y la lentitud de sus actuaciones. Alfredo Deluque, por su parte, afirmó que el proyecto busca modificar la operación del sistema transicional a partir de una evaluación del organismo actual.
Cuestionamientos a la constitucionalidad
La propuesta también recibió reparos por parte de la senadora Carolina Corcho. La congresista argumentó que el proyecto podría ser inconstitucional porque el Congreso no tendría atribuciones para sustituir la Constitución ni retirar la protección establecida por el tribunal de derechos humanos.
Durante la jornada, el senador Iván Cepeda afirmó que la política del Gobierno busca suspender convenios vigentes e interrumpir el proceso de adjudicación de tierras a poblaciones rurales. El proyecto continuará su trámite y deberá superar los debates correspondientes en el Congreso.