El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Rescate, con medidas para enfrentar la crisis fiscal y reducir el déficit de las finanzas públicas. La propuesta incluye ajustes tributarios, entre ellos modificaciones al IVA, que generan críticas por sus posibles efectos en el costo de vida.
El exministro de Hacienda Juan Alberto Londoño se pronunció sobre la iniciativa y sobre los llamados impuestos saludables, aprobados en la legislatura anterior. Considera que el proyecto es la respuesta correcta a la situación fiscal, aunque pide revisar los componentes que gravan la canasta familiar.
“El ajuste fiscal tiene que darse, ya sea por las buenas, mediante una reforma fiscal, o por las malas, impuesto por los mercados que pueden cerrar el acceso al crédito. Es preferible hacerlo de manera democrática y ordenada”, afirmó Londoño, quien como viceministro —y encargado de esa cartera— se opuso a la implementación de estos gravámenes.
Doble carga sobre la canasta familiar
El principal reparo del exministro es que la discusión de la Ley de Rescate estudie aumentar el IVA a productos como el azúcar manteniendo al mismo tiempo los impuestos saludables. “Resulta absolutamente indeseable aumentar el IVA a varios productos de la canasta familiar, como el azúcar, y al mismo tiempo imponer los impuestos saludables”, sostuvo.
Su argumento tiene un componente distributivo: en los hogares de menores ingresos la canasta familiar absorbe cerca del 75 % de sus recursos, y los bienes afectados por estos tributos pesan alrededor del 35 % de esa canasta y de sus ingresos. A esto suma que comer saludable suele ser más costoso, de modo que los ajustes de precio aprietan el presupuesto de quien menos tiene.
También cuestionó que, cuando se planteó extender el IVA a bienes de la canasta, se propuso un mecanismo de devolución para los hogares más vulnerables, mientras que los impuestos saludables se aplicaron sin un esquema similar de compensación.
Efectos en tenderos y productores
Londoño señaló que el comercio minorista también ha sentido el impacto, con base en los reportes de Fenalco: los tenderos han visto caer sus ingresos entre el 15 % y el 20 %. Buena parte de lo que venden esas tiendas son alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas; cuando suben de precio, los consumidores compran menos, sin que eso implique necesariamente migrar a alternativas más saludables, que a veces no están disponibles o también son caras.
Del otro lado, las pymes enfrentan costos mayores sin capacidad plena de trasladarlos al consumidor ni de modificar sus procesos, y sin programas de apoyo para hacer la reconversión hacia productos con mejores características nutricionales.
Recaudo y propuesta de desmonte
En lo fiscal, el exministro estimó que estos tributos generan cerca de $2,5 billones al año, una cifra que considera reducida frente a un presupuesto nacional de aproximadamente $635 billones. A su juicio, el país debería revisar otras fuentes de recaudo, como los beneficios tributarios vigentes, antes de gravar el consumo de productos básicos.
Puso en duda, además, la efectividad de la medida como política pública: sostiene que no hay evidencias suficientes de que haya reducido la obesidad en Colombia y, según indicó, en México tampoco se habría demostrado una reducción de los problemas de salud asociados al consumo de estos productos. Por eso concluye que el propósito terminó siendo principalmente recaudatorio.
Su propuesta es desmontar la totalidad de estos gravámenes —bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados—, pero de forma gradual por la situación fiscal: que en 2027 se cobre una cuarta parte del gravamen actual, que en 2028 se aplique otra reducción y que en 2029 desaparezcan por completo. Esa transición, explica, evita un desplome abrupto de los ingresos del Estado y alivia en el camino la canasta de los hogares más pobres.
“Para las personas de menores recursos, esto representa un alivio en su bolsillo y puede permitirles adquirir nuevos bienes y servicios o comprar mayores cantidades. Es decir, ese beneficio no sería para mí, sino para las personas de menores ingresos”, concluyó el exministro.