El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó el 29 de octubre de 2026 ante el Congreso la ley de rescate fiscal, una iniciativa que aprieta el cinturón en el gasto público y a su vez aplica medidas tributarias para el sector empresarial y los hogares. Fue presentada en la Cámara de Representantes por el vicepresidente José Manuel Restrepo.
Según los cálculos de varios analistas privados, el proyecto podría recaudar aproximadamente $44 billones en 2027 si sale aprobado. Las estimaciones más conservadoras parten de $36 billones y el consenso general supera los $40 billones.
De dónde saldría el recaudo
Carlos Rodríguez, tributarista y socio de Esguerra JHR, calcula que la reforma recaudaría cerca de $15 billones en 2027 y alrededor de $42 billones en 2028 si se suman los nuevos aportes a salud, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; el total llegaría a $36 billones en 2027 y cerca de $60 billones en 2028, según cifras del Ministerio de Hacienda como porcentaje del PIB.
Juan Sebastián Torres, tax lead partner de BDO en Colombia, estima que la mejora en la eficiencia del gasto público podría significar un ahorro cercano a $10 billones y que la reconfiguración del IVA aportaría unos $6 billones. También se proyectan $2,4 billones adicionales del impuesto sobre la renta de personas naturales y cerca de $9 billones por los gravámenes al consumo de tabaco y bebidas alcohólicas, con una contrapartida: la reducción por el alivio en renta de personas jurídicas sería de unos $2,6 billones.
César Camilo Cermeño, abogado tributarista y socio de Martínez Quintero Mendoza, Laguado & De la Rosa, proyecta un recaudo cercano a los $40 billones en 2027, con base en la meta del Ministerio de Hacienda de recaudar 2,39 % del PIB; para 2030 la cifra llegaría de manera gradual a 4,73 % del PIB.
El IVA y la canasta
El proyecto toma como referencia la tarifa general del 19 % y retira los tratamientos preferenciales. Saldrían de la lista de bienes excluidos las frutas y verduras frescas, el maíz, el café en grano, los abonos, la sal, los plaguicidas, los tractores, los computadores, los paneles solares y los celulares; la papa, la yuca, la arepa, el pan, la panela, el gas, la energía y el agua seguirían excluidos. Según el exdirector de la Dian Lisandro Junco, los aumentos en café, azúcar, pastas, aceites y chocolate comenzarian desde 2028, y los carros eléctricos e híbridos pasarían a tener la tarifa general.
Además quedarían gravados los juegos de suerte y azar —incluidas las operaciones por internet e incluso desde el exterior, salvo las loterías—, las boletas de cine y de eventos deportivos y el hosting y la nube, en lo que respecta al IVA; a este se suma que el impuesto al consumo de licores subiría a 35 % Junco también recordó que el IVA de esos productos explicaría 19 % en su tarifa.
Las compras menores de US$200 realizadas a través de plataformas, páginas web y servicios de contenidos digitales y computación en la nube tendrían mayor impuesto.
Sobre la devolución del IVA, Esguerra JHR señala: “Desde el 1 de enero de 2028, las personas residentes en pobreza extrema, pobreza y los tramos más bajos de vulnerabilidad recibirán 100 % del IVA efectivamente pagado. Los demás tramos vulnerables recibirán 50 %, 40 % o 30 %, según la focalización”.
Renta y alicientes para la inversión
En el impuesto de renta de las personas naturales, una persona con ingresos cercanos a $5,5 millones mensuales comenzaría a declarar, frente a la franja actual de $9 millones; un ingreso anual de poco más de $70 millones dejaría sujeto al tributo, explicó Pablo Mendoza, socio de Pinzón Mendoza.
Para las empresas, la tarifa bajaría del actual 35 % a 33 % en 2027 y a 31 % en 2028, aunque se mantendría la sobretasa de cinco puntos para entidades del sector financiero, aseguradoras y comisionistas de bolsa, lo que dejaría a esas entidades pagando 38 % en 2027 y 36 % entre 2028 y 2030, según la firma Serrano Martínez CMA.
El proyecto además crea el RUGE (Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial), con beneficios como una tarifa de renta reducida a 20 % por hasta 16 años para inversiones en infraestructura, energía, industria, agroindustria, servicios y turismo, entre otros, condicionadas a volúmenes mínimos de inversión y plazos de ejecución. El impuesto al patrimonio se aliviaría: solo aplicaría a patrimonios superiores a $5.000 millones.
Menos gasto y más austeridad
El proyecto propone, en 2027, aplazar o reducir las asignaciones que no tengan un concepto favorable del Confis y, entre 2028 y 2030, dejar de programarlas. También otorga al presidente facultades extraordinarias por seis meses para reorganizar, fusionar o eliminar entidades públicas y modificar sus plantas de personal sin pasar por el Congreso.
En materia de personal, la nómina estatal se reduciría 20 % en 2028, excluyendo a las Fuerzas Militares, y a partir de 2029 su crecimiento quedaría topado en 0,5 puntos porcentuales por encima de la inflación proyectada. Los contratos de prestación de servicios, que Restrepo ha criticado por sus supuestos usos indebidos en otros gobiernos, costarían 50 % menos en 2027 frente a 2026, y el crecimiento de sus costos en 2028 quedaría limitado a la inflación del año anterior.
Los activos estatales innecesarios se reportarían y transferirían a la CISA para su monetización, con al menos 50 % de los recursos netos dirigidos al servicio de la deuda durante las cuatro vigencias siguientes. La regla fiscal conservaría el ancla de deuda en 55 % del PIB y el límite en 71 %, con una cláusula de escape de máximo tres años; el Comité Autónomo de la Regla Fiscal seguiría emitiendo conceptos no vinculantes. Las entidades regionales tendrían límites nuevos: 60 % para los intereses sobre el ahorro operacional y 140 % de deuda frente a los ingresos corrientes.
Aportes a salud, por tramos de ingreso
Se establecería un esquema de cotización progresivo: los empleados que devenguen hasta un salario mínimo o entre uno y dos aportarían 4 % al sistema de salud; quienes devenguen entre dos y cuatro salarios mínimos, 5,5 %; entre cuatro y cinco, 6 %, y el tope sería de 8 % para quienes ganen entre 20 y 25 salarios mínimos. Desde el 1 de enero de 2027, los trabajadores independientes con un salario mínimo cotizarían 12,5 % de sus ingresos, con un máximo de 15,5 % en los tramos más altos.
El trámite y su reloj
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, definió cinco ejes para la iniciativa: recorte de los gastos del Estado, atracción de inversión, reducción del IVA para una parte importante de la población, disminución y control de la deuda y lucha contra la corrupción. Restrepo fue directo al titular la radicación: “El Gobierno del presidente Gustavo Petro nos dejó una bomba de tiempo, que estallaría en 2027”, dijo, y remarcó: “Por cada $3 del Presupuesto Nacional que pagamos en impuestos, $1 se destina al pago de la deuda pública”.
Para convertirse en ley, el proyecto necesita superar cuatro debates. El presidente del Senado, Honorio Enríquez, respalda un Estado más “eficiente”, pero pide evitar gravámenes que representen mayores impuestos para la ciudadanía. Los congresistas Christian Garcés y Sara Castellanos apoyan el ajuste al gasto y las facultades del Ejecutivo, aunque alertan contra impuestos que golpeen el empleo, la salud, la canasta y la clase media. El representante Óscar Darío Pérez subraya que la prioridad es ordenar la política fiscal, reducir $65 billones del gasto público en cuatro años y aplicar medidas progresivas en el IVA por las que se les “devolverían” recursos a cerca de 19 millones de colombianos.
El exministro de Hacienda y economista Juan Camilo Restrepo advirtió que, por la complejidad técnica y fiscal de la iniciativa, es improbable que se tramite antes del cierre de la legislatura, el 16 de diciembre de 2026.