La Conferencia de la ONU sobre biodiversidad (COP17) cerró en la madrugada de este sábado en Ereván, Armenia, con una conclusión incómoda: la meta de designar y proteger el 30 % de las áreas marinas y terrestres para 2030 —pactada en 2022 en el acuerdo de Montreal— está lejos de cumplirse, y el océano muestra el mayor rezago. La próxima cita será en Ecuador en 2028.
“La evaluación global lanza una advertencia clara. La implementación no avanza al ritmo ni a la escala necesarios para cumplir con el marco mundial para la biodiversidad de cara a 2030”, dijo este viernes 30 de octubre, último día oficial de la cumbre, Pauli Merriman, directora sénior de Océanos de WWF Internacional. “En lo que respecta al océano, la brecha en la implementación resulta especialmente marcada”, agregó.
Las cifras del rezago
Según el Informe sobre la brecha en la protección de los océanos 2026, publicado en septiembre, el 20 % de las áreas terrestres y las aguas continentales está ya designado como protegido o conservado, con un posible aumento a cerca del 27 % para 2030. En el mar, la protección declarada apenas alcanza el 10 % y las metas actuales solo llegarían, según las previsiones, al 12 % para la fecha límite.
La foto es más crítica si se mide la protección efectiva: apenas un 3,5 % del océano se considera protegido de verdad. Merriman lo resumió: no basta con dibujar líneas en un mapa. Un informe publicado en octubre, en el marco de la COP17, identificó seis dimensiones de esa eficacia: proteger las áreas más importantes para la biodiversidad, conectarlas en redes representativas —donde entra el Corredor Marino del Pacífico Este Tropical, que incluye a las áreas marinas protegidas de las islas Gorgona y Malpelo—, gestionarlas de manera eficaz, que reconozcan los derechos humanos, que se gobiernen con equidad y que estén integradas en paisajes marinos más amplios.
Colombia: superficie cumplida, reto en la gestión
En 2022 Colombia ya había superado la meta en su mar: pasó de tener 12 millones de hectáreas de zonas marinas bajo protección (13,41 %) a 30 millones, equivalentes al 33 % del territorio marino del país. El pendiente, según Sandra Valenzuela, directora ejecutiva de WWF Colombia, es pasar de la superficie a la conservación efectiva: fortalecer el manejo de las áreas protegidas ya creadas, incrementarlas en zonas costeras y adoptar medidas de adaptación climática por la vulnerabilidad que tienen, tanto en el Pacífico como en el Caribe.
Menos dinero justo cuando falta más
La financiación agravó el panorama. Un informe publicado también en la COP17 reveló que los recursos provenientes de fuentes bilaterales, multilaterales y filantrópicas disminuyeron, en todos los casos, frente al año anterior. Para el océano se requieren aproximadamente USD 16.000 millones anuales, pero en la actualidad solo se destinan una cifra estimada de USD 1.800 millones.
“Los países ricos gastan cada año más de 10 veces en chicle de lo que destinan a impulsar la meta 30×30 en los países en desarrollo”, señaló Brian O’Donnell, director de Campaign for Nature. Steven Guilbeault, asesor sénior de esa misma iniciativa, añadió que aunque hay más esfuerzos de conservación, especialmente en el Sur Global, “quienes debían aportar el incremento en la financiación no están cumpliendo con su parte del acuerdo”.
La salida, según los expertos, es reordenar prioridades. Merriman recordó que USD 22.000 millones al año se destinan a subsidios pesqueros perjudiciales: “No podemos seguir considerando la protección y conservación de los océanos como un costo”, dijo, y sostuvo que redirigir esos subsidios es fundamental para construir resiliencia en lugar de destrucción. O’Donnell, por su parte, propuso gravar y regular a las industrias —petróleo y gas, minería y flotas pesqueras industriales— que están dañando la biodiversidad, y subrayó que prevenir sale mucho más barato: “Proteger una zona resulta siempre muchísimo más barato que restaurarla. Y, aun cuando la restauramos, rara vez logramos que recupere el estado en el que se encontraba”.
El Tratado de Alta Mar, la llave pendiente
Dos tercios del océano global son alta mar y, según datos de ONGs, menos del 1 % está efectivamente protegido. Para organizaciones como WWF, Campaign for Nature, High Seas Alliance y World Resources Institute, el Tratado de Alta Mar (Acuerdo BBNJ) es la mayor oportunidad para cerrar la brecha del 30 %, porque ofrece por primera vez el marco jurídico para crear áreas marinas protegidas en esas aguas. “Existe más ambición e impulso que nunca, especialmente ante las crisis planetarias a las que nos enfrentamos”, dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance.
Colombia figura entre los 145 países que ya firmaron el acuerdo, pero aún no lo ha ratificado. Para Valenzuela es impostergable: el territorio marítimo colombiano es casi tan grande como el terrestre y por sus aguas se mueven especies migratorias como ballenas y tiburones. “Si no (generamos en estas áreas comunes un manejo adecuado), lo que pase acá o pase allá va a afectar nuestro propio territorio y nuestras propias especies”, advirtió. Hubbard fue más directa: “¡Colombia, ratifica ya!”. El plazo es apretado: si el país no ratifica antes del 12 de diciembre, no podrá votar en la primera Conferencia de las Partes del acuerdo, que se reunirá del 11 al 22 de enero de 2027 en la sede de la ONU en Nueva York.