El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella abre este lunes la última recta del año legislativo con una agenda que no admite dilación: la ley de sometimiento, el rescate fiscal y un estatuto antiterrorista que todavía no aterriza en el Capitolio. La tarea de sacarlos adelante quedará en manos del nuevo ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, que necesita consolidar el bloque mayoritario con el que el Ejecutivo quiere operar en el Congreso.
La prueba más urgente es la ley de sometimiento, que ya superó los primeros debates en las comisiones primeras de Senado y Cámara. El ministro de Justicia, Iván Cancino, logró además que la plenaria del Senado avanzara en la discusión. Pero el reloj corre en contra: el plazo máximo para aprobarla es este mismo martes.
La Cámara de Representantes ya inició su trámite, aunque los tiempos son tan ajustados que una de las dos corporaciones deberá ceder posición. Ese fue el desenlace del presupuesto general de 2027, que terminó expidiéndose por decreto al no lograrse la conciliación entre plenarias. Repetir esa vía con la ley de sometimiento obligaría a tramitar desde cero las modificaciones a la ley de orden público, con un desgaste político que el Gobierno busca evitar. El proyecto, además, pone fin a la política de paz total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro.
Lo que se define esta semana no solo es el futuro del diálogo con los grupos armados, sino el precedente que deja para el resto de la agenda. Si el oficialismo vuelve a ceder ante el Legislativo, la señal será la misma que ya dio con el presupuesto: un Ejecutivo con margen estrecho y un Congreso dispuesto a imponer condiciones.
¿Cómo están los votos?
En la oposición se han esgrimido argumentos contra el articulado, en particular por puntos que darían mayor flexibilidad a quienes cometan delitos como testaferrato o narcotráfico. Aun así, la última sesión de la plenaria del Senado mostró mayorías a favor del Gobierno: incluso cuatro congresistas del Pacto Histórico votaron en contra, pero permanecieron en sala para no romper el quórum.
En la plenaria de la Cámara, por su parte, fue negada con 95 votos una proposición que buscaba crear una mesa técnica para analizar a profundidad las proposiciones relacionadas con la ley.
El rescate fiscal y la resistencia en los partidos
El proyecto de rescate fiscal, que llegó al Congreso el 29 de octubre, propone un recorte del Estado y un ajuste en las finanzas nacionales, punto en el que hay un consenso mayoritario. También aumenta el IVA al 19 % en cigarrillos, alcohol, varios productos de la canasta básica familiar y vehículos híbridos, además de ajustar el sistema de tributación del país. La discusión arranca justo cuando comienza el pulso regional de cara a las elecciones de 2027.
El primero en levantar la voz fue el presidente del Senado, Honorio Henríquez, del Centro Democrático. “A los colombianos no les cabe un impuesto más, especialmente en la Costa Caribe”, dijo, y adelantó que se opondrá a cualquier medida que suba la carga tributaria.
El líder natural del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, citó a la bancada de su colectividad para el jueves 5 de noviembre, con la tarea de “examinar temas relativos a modificaciones, supresiones o adiciones al proyecto ‘Rescate de la Economía’ presentado por el Gobierno”. El Partido Conservador tomó una decisión equivalente y convocó al pleno de sus congresistas para definir una línea conjunta.
En la bancada liberal tampoco hay margen para el entusiasmo. El senador Héctor Olimpo criticó el articulado y sostuvo que “un rescate fiscal debe empezar por esculcar los beneficios de los privilegiados, antes de exigirles más a las familias y a las regiones”. Con cifras en mano, recordó que en 2024 los beneficios de renta e IVA costaron 153,2 billones de pesos, una evaluación que, a su juicio, el proyecto aún no hace.
La oposición, en bloque, rechaza el texto por gravar a la clase media y reducir impuestos a las empresas. El vicepresidente José Manuel Restrepo, sin embargo, insistió en que aprobar el proyecto tal como lo presentó el Gobierno es necesario, a pesar del costo político que pueda tener y en contravía de la promesa de campaña de no tocar el bolsillo de los colombianos.
El desenlace será la primera gran prueba de Ordóñez como ministro del Interior. Debe alinear a la bancada oficialista detrás de una mayoría que, por ahora, luce mínima y difícil de sostener si el Ejecutivo no accede a las proposiciones del Legislativo, como ya ocurrió en la discusión del presupuesto.
El estatuto antiterrorista, en tanto, todavía tiene que llegar a los despachos del Congreso, y lo hace con una carga previa: la Corte Suprema de Justicia emitió una serie de advertencias al borrador que le fue presentado, un antecedente que podría dividir al Capitolio. Otros proyectos, como el de reducción de trámites para empresas impulsado por el ministro de Comercio, Mauricio Gómez, tampoco avanza con rapidez en las comisiones sextas.