El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Iván Mauricio Lenis, advirtió que el tema del presupuesto y de la financiación de la Rama Judicial es uno de los asuntos de mayor complejidad para Colombia. Su advertencia apunta al próximo año: el mínimo operativo que el poder judicial necesita todavía no está asegurado dentro de la partida asignada por el Gobierno.
"Lo que nos preocupa es que aun entendiendo esa dificultad y los recursos que se van a tener que destinar para el terremoto, necesitamos un presupuesto mínimo para que el acceso a la justicia no se afecte y no se generen barreras", precisó el magistrado.
Gran parte de esa presión viene de la emergencia: tras el sismo del pasado 10 de agosto, varias sedes judiciales quedaron gravemente afectadas, lo que golpeó el funcionamiento de despachos del Chocó, el Valle del Cauca, Caldas y Quindío, principalmente. Por eso, recursos del presupuesto nacional que usualmente alimentan el funcionamiento ordinario tuvieron que volcarse a la atención del desastre.
La alerta para 2027
Sin ese mínimo financiado, el panorama para 2027 es difícil, según Lenis: la Corte no podría mantener siquiera la capacidad instalada que hoy funciona. "Vamos a tener unos momentos muy difíciles porque no tendríamos financiamiento mínimo para mantener al menos la misma capacidad instalada que está funcionando hoy en día. Funcionarios que vienen atendiendo descongestión en diferentes regiones del país no van a poder seguir en sus funciones", precisó.
La respuesta ya está en marcha: la corporación está analizando una propuesta para presentarla al Ministerio de Justicia y conseguir ese financiamiento mínimo. "Entendemos lo difícil que están las finanzas del país y sabemos que todas las instituciones tendrán que sufrir un recorte", añadió el magistrado.