El Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella avanza en la construcción de una ley de sometimiento para integrantes de grupos armados ilegales, con la expectativa de mostrar su primera aplicación durante las próximas dos semanas.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, explicó que la propuesta se trabaja de manera conjunta con el Ministerio del Interior, la Presidencia, la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Entre los procesos que ya están en revisión figuran los de estructuras como los Comandos de la Frontera.
Cancino fue enfático en que el mecanismo estará sometido a la ley y no abrirá la puerta a negociaciones políticas. “No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, aseguró.
Según el funcionario, quienes decidan acogerse deberán aceptar las condiciones y consecuencias que establezca el Estado. “Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, afirmó.
El ministro admitió que se contempla un trato diferenciado para quienes abandonen las actividades ilegales, pero advirtió que “ese trato diferenciado jamás puede ser entendido como impunidad o puertas abiertas para la negociación”.
Dentro de la discusión también está la Ley 418, norma que contempla, entre otros asuntos, mecanismos de protección para testigos y cuya vigencia vence en noviembre. El Gobierno analiza cómo prorrogarla.
La iniciativa deberá avanzar en el Congreso y ser discutida en el Consejo Superior de Política Criminal, mientras el Ejecutivo prepara los mecanismos jurídicos para concretar los primeros procesos de sometimiento.