La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió la puerta a que los comparecientes sancionados participen en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto. El presidente del tribunal, el magistrado Danilo Rojas, explicó que esos trabajos podrían incorporarse a los Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador (TOAR), aunque aclaró que las sentencias proferidas hasta ahora no contienen órdenes específicas para esos territorios.
Rojas sostuvo que en las zonas del terremoto hay víctimas y comparecientes, y que el Gobierno está empeñado en la reconstrucción. “En el caso del terremoto también hay posibilidades, porque en esas zonas hay comparecientes y víctimas”, dijo. La propuesta, sin embargo, no está formalizada: el tribunal tendría que disponer que los trabajos cubran esas áreas.
La idea se apoya en la experiencia de la tercera macrosentencia, la del caso de Dabeiba, que ordenó el arreglo y la construcción de vías terciarias en municipios de Antioquia y la reparación de puentes sobre el río Sucio. Según Rojas, ese tipo de obras se cruzan con las obligaciones del Estado social de derecho y generan un beneficio compartido para las víctimas y las comunidades.
El ajuste por el recorte presupuestal
El planteamiento llega en medio de una situación financiera compleja. Por el decreto del Gobierno que recortó 170.000 millones de pesos de lo solicitado, la JEP adoptó tres medidas. La primera fue trasladar su sede de 15.000 a 4.200 metros cuadrados. También definió que desde el próximo año el trabajo sea virtual y organizó un esquema de coworking rotativo para sus 1.400 funcionarios.
Con esos cambios, el tribunal pasó de cerca de 1.200 puestos de trabajo a 155 y calcula un ahorro anual de 26.000 millones de pesos. Rojas valoró además las ofertas de universidades para realizar audiencias o reuniones, una alianza que, dijo, representa un respaldo social al proceso de paz.
Esta semana, la JEP se reunió con representantes del Gobierno nacional. El ministro de Justicia, Iván Cancino, convocó a la instancia encargada de articular al Ejecutivo con el tribunal. En el encuentro participaron delegados del Ministerio de Justicia y de las entidades que ejecutan las sanciones propias: la Unidad de Implementación, la Oficina del Comisionado para la Paz, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia para la Reincorporación, la Procuraduría y la Contraloría.
Según Rojas, fue el primer acercamiento importante entre ambas partes para estos efectos. En la reunión se revisó el estado de cada institución y se fijó una agenda inicial para ajustar la normativa y coordinar los TOAR que el Gobierno adelanta con las víctimas.
La advertencia por la reforma
El presidente de la JEP también advirtió sobre el proyecto que busca acortar el funcionamiento del tribunal hasta 2028, que ya superó un primer debate en una comisión del Senado. Rojas sostuvo que la iniciativa tiene una dificultad constitucional insalvable, porque el Acuerdo de Paz fijó 15 años: 10 para investigación y cinco para juicio. La Unidad de Investigación y Acusación podrá presentar la última acusación el 14 de marzo de 2028, y a partir de ahí deben venir los cinco años del juicio.
“No es necesario llegar hasta la Corte”, dijo Rojas, quien pidió al Congreso revisar las razones del acuerdo. Si la reforma se aprobara, agregó, simplemente no podría haber juicios en la JEP y se truncaría la labor de la Unidad de Investigación y Acusación.
El magistrado defendió además los resultados del proceso de paz. Destacó la extinción de la guerrilla de las Farc y su transformación en el partido Comunes, así como la reducción de masacres y homicidios entre 2016 y 2019. También reconoció que otros puntos avanzan más lento, como la reforma electoral y la política de drogas ilícitas, y llamó a construir “un millón de amigos” del tribunal para que la ciudadanía conozca y cuestione su labor.