La senadora María Fernanda Cabal respaldó con fuerza la propuesta del presidente Abelardo de la Espriella de crear un protocolo nacional para que la Fuerza Pública pueda intervenir dentro de los campus universitarios. Cabal cuestionó el concepto de autonomía universitaria y lanzó declaraciones contundentes sobre lo que, según ella, ocurre en algunas instituciones de educación superior.
"¡Que entre el Esmad y saque a los vagos degenerados que se roban los cupos!", manifestó la senadora al apoyar la iniciativa gubernamental.
Cabal afirmó que la autonomía universitaria habría sido utilizada para permitir la presencia de guerrilla, la venta de drogas y otras actividades ilegales dentro de algunas universidades. Aseguró además que Colombia sería el único país donde el ingreso de la Fuerza Pública estaría vetado en estos espacios.
El anuncio del Gobierno
El presidente De la Espriella anunció el 13 de septiembre la creación de un protocolo nacional para establecer en qué situaciones las autoridades podrían intervenir en los campus. El mandatario dijo que su Gobierno respetará la protesta pacífica y la autonomía universitaria, pero sostuvo que estos principios no pueden usarse para impedir la actuación de las autoridades cuando se presenten hechos de vandalismo o terrorismo.
La intención del Ejecutivo es diferenciar entre las manifestaciones protegidas por el derecho a la protesta y aquellas situaciones donde se presenten actos violentos que requieran la intervención de la Fuerza Pública.
El marco constitucional
La autonomía universitaria está reconocida por el artículo 69 de la Constitución Política y desarrollada por la Ley 30 de 1992. Este principio permite que las instituciones de educación superior se gobiernen por sus propios estatutos, pero no significa que los campus estén por fuera del ordenamiento jurídico.
La Corte Constitucional ha señalado que la autonomía debe armonizarse con otros derechos, con el interés general y con el mantenimiento del orden público. Las declaraciones de Cabal y la propuesta del Gobierno vuelven a poner sobre la mesa una discusión que durante años ha generado posiciones enfrentadas: cómo proteger la autonomía sin convertirla en una barrera frente a hechos que puedan constituir delitos.