El Gobierno defendió ante la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes su decisión de incorporar la fumigación de cultivos de coca a la estrategia contra los grupos armados y el narcotráfico. El plan piloto, que contempla el uso aéreo de glufosinato de amonio en hasta 1.000 hectáreas de Putumayo, permanece suspendido por orden judicial.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, afirmó que la administración de Abelardo de la Espriella no ejecutará la operación mientras no se acrediten las condiciones técnicas, ambientales, sanitarias y de seguridad exigidas por la Resolución 0007 de 2026. También reconoció que todavía no están definidos los municipios ni las fechas para una eventual aspersión.
“Vamos a dar una lucha frontal contra los grupos armados al margen de la ley que se aprovechan del campesino para el cultivo de sustancias ilícitas”, dijo Cancino. El ministro agregó que el Gobierno busca combinar distintas formas de erradicación sin afectar a las comunidades ni al medio ambiente.
Cancino sostuvo que la medida cautelar adoptada en Putumayo no elimina la resolución que autorizó el piloto y señaló que el Gobierno la recurrió dentro del trámite legal. También dijo que, si es necesario, llevará el caso ante la Corte Constitucional.
El Ministerio de Justicia trabaja en la delimitación de los polígonos, la precisión de la aplicación y las condiciones técnicas de las aeronaves. Además, evalúa el uso de drones como herramienta para la aspersión manual diferenciada.
La suspensión judicial en Putumayo
El 11 de septiembre, el Juzgado Tercero Penal de Puerto Asís suspendió provisionalmente cualquier actividad de aspersión con glufosinato y pidió información sobre los polígonos, los municipios involucrados, las condiciones ambientales y la presencia de comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.
El 22 de septiembre, el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Mocoa mantuvo la suspensión y ordenó al Consejo Nacional de Estupefacientes, los ministerios de Justicia y Defensa y la Policía abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las actividades autorizadas. La decisión protegió de manera transitoria derechos relacionados con la vida, la salud, el agua, la participación ciudadana y el debido proceso ambiental.
La Resolución 006 del 18 de agosto de 2026 derogó la norma de 2015 que prohibía la aspersión aérea con glifosato. Posteriormente, la Resolución 0007 autorizó el piloto con glufosinato, un herbicida diferente, presentado como una prueba limitada para obtener información técnica y científica.
Argumentos del Gobierno y críticas al plan
La viceministra de Defensa, Claudia Carrasquilla, justificó la estrategia en las dificultades de la erradicación manual en zonas con presencia de minas antipersonales. Según su exposición, en el país hay 7.981 artefactos instalados. También relacionó la medida con el objetivo de afectar las rentas de los grupos armados.
Carrasquilla citó una cifra de 261.366 hectáreas de coca en 2024, atribuida a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y estimó en 16.500 millones de dólares las ganancias asociadas a esos cultivos para los grupos armados.
La economista Estefanía Ciro cuestionó el uso de un plan piloto y sostuvo que no existe evidencia de que la aspersión aérea con herbicidas reduzca los cultivos de coca o la disponibilidad de cocaína. También advirtió sobre posibles afectaciones a la salud y señaló que la estrategia podría convertirse en un gasto permanente sin resolver el problema.
Alexander Sánchez, integrante de una mesa técnica del Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial en Putumayo, afirmó que las comunidades recuerdan daños atribuidos a experiencias anteriores de aspersión, entre ellos enfermedades, contaminación ambiental y afectaciones a cultivos de pancoger.
La discusión queda condicionada a que el Gobierno demuestre el cumplimiento de los requisitos ambientales, sanitarios, constitucionales y de participación. Mientras tanto, la justicia mantiene frenada la ejecución del piloto y las comunidades reclaman alternativas concertadas para enfrentar los cultivos de uso ilícito.