La magistrada Catalina Díaz, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), advirtió que el proyecto de reforma constitucional que permitiría revisar algunas de sus sentencias en la Justicia Penal Militar podría afectar los avances logrados en materia de justicia para las víctimas del conflicto armado.
La iniciativa, impulsada por sectores del Centro Democrático, plantea que la Justicia Penal Militar y Policial revise las condenas impuestas a exintegrantes de la fuerza pública. También contempla suspender la ejecución de esas penas mientras se adelanta el estudio de los casos.
Para Díaz, esa propuesta desconoce décadas de jurisprudencia constitucional y decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de organismos de Naciones Unidas, que han señalado que la justicia militar no debe investigar, juzgar o sancionar crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra ni graves violaciones de derechos humanos.
La advertencia sobre los falsos positivos
La magistrada sostuvo que las investigaciones de la JEP han mostrado cómo, en distintos casos, la Justicia Penal Militar contribuyó a encubrir violaciones de derechos humanos. En las pesquisas sobre ejecuciones extrajudiciales se encontraron expedientes archivados, inspecciones defectuosas y declaraciones elaboradas bajo formatos que no ayudaban a esclarecer lo ocurrido.
Según explicó, algunos antiguos integrantes del Ejército declararon que jueces penales militares colaboraron con el encubrimiento de los crímenes. También mencionó inspecciones en las que se pasaron por alto señales incompatibles con un combate, como víctimas con dos botas del mismo pie, personas que llevaban tenis o marcas de pólvora asociadas a disparos a corta distancia.
Díaz recordó que la investigación de los casos de falsos positivos comenzó a trasladarse a la justicia ordinaria entre 2005 y 2006, después de que Naciones Unidas expusiera sus preocupaciones ante el Gobierno colombiano.
“En los casos de la JEP están todas las pruebas de que en muchos esa instancia funcionó como un mecanismo de encubrimiento de los crímenes”, afirmó la magistrada, al cuestionar que se pretenda devolver esas investigaciones a la Justicia Penal Militar.
La competencia de la JEP y la espera de las víctimas
La presidenta de la Sala de Reconocimiento defendió la competencia exclusiva, excluyente y prevalente de la JEP sobre los crímenes más graves del conflicto. Afirmó que la jurisdicción ha actuado con base en pruebas, testimonios y confesiones, y que el 90 % de los antiguos miembros del Ejército imputados han reconocido responsabilidad.
También rechazó el argumento de que los magistrados de la JEP carecen de conocimientos sobre derecho internacional humanitario o sobre operaciones militares. Señaló que varios magistrados tienen experiencia en tribunales internacionales y que, durante estos años, la jurisdicción ha revisado archivos militares y documentos relacionados con las órdenes impartidas a las tropas.
Díaz consideró que suspender condenas ya dictadas prolongaría la espera de víctimas que llevan décadas buscando respuestas. Recordó casos de desaparición forzada y homicidio que permanecieron archivados durante años sin identificar a los responsables.
La magistrada sostuvo que la JEP ofrece una vía para que los máximos responsables sean investigados y sancionados, mientras que otros comparecientes pueden acceder a beneficios si reconocen la verdad y cumplen las condiciones del sistema. Según indicó, más de 5.000 integrantes de la fuerza pública se acogieron voluntariamente a la jurisdicción y más de 1.000 han recibido la renuncia a la persecución penal.
Preocupación internacional
La discusión también ha despertado preocupación entre relatores de Naciones Unidas. Cuatro de ellos enviaron una comunicación al Gobierno colombiano en la que advirtieron que la reforma podría afectar el derecho de las víctimas a una investigación independiente, imparcial y eficaz.
Díaz señaló que modificar la prevalencia de la JEP podría debilitar la seguridad jurídica de los propios agentes del Estado y aumentar el riesgo de que algunos casos lleguen a instancias internacionales. “No volver al punto cero de la impunidad que era la Justicia Penal Militar”, dijo al resumir su llamado al Congreso.