El Ministerio de Salud aclaró que los pagos directos a hospitales, clínicas y IPS continúan girándose sin interrupciones, en respuesta a versiones que habían hablado de una suspensión del mecanismo.
La cartera, que encabeza la ministra Ana María Vesga, reprogramó el calendario con la Resolución 2493 de 2026 y fijó el 3 de mayo de 2027 como fecha límite para implementar el nuevo sistema de reporte de información de las EPS a la Adres, que cubre los recursos de la UPC y los presupuestos máximos.
“Esta decisión permite realizar los ajustes tecnológicos y las pruebas necesarias para su implementación”, precisó el Ministerio, que subrayó además que la ampliación del plazo no modifica ni suspende los pagos y que el giro directo sigue operando a través de los mecanismos vigentes.
De qué se trata el giro directo
El sistema busca fortalecer el reporte y el seguimiento del dinero público por afiliado: la UPC (Unidad de Pago por Capitación) es el aporte del Estado por cada usuario del régimen contributivo y del subsidiado, que antes la Adres giraba a las EPS.
Por la crisis financiera del sector, que se arrastra desde el gobierno de Iván Duque, ese recurso pasó a orientarse directamente a hospitales, IPS y demás prestadores, para garantizar que el dinero llegue primero a donde se prestan los servicios.
Durante la anterior Administración, el giro directo llegó a cubrir el 90 % de los recursos del sistema. Para la ministra Vesga, sin embargo, eso no basta: la recuperación del sector exige, además de recursos oportunos, que el valor de la UPC corresponda al costo real de los servicios.
Ajuste de la UPC y presión de la Corte
El Ministerio de Salud y Protección Social expedirá en enero de 2027 la resolución con el incremento de la UPC para ese año. El ajuste autorizado por el gobierno anterior para 2026 fue de 16,49 %, cifra que, a juicio de las EPS, no alcanza a cubrir los costos del servicio; el incremento de 2025 fue de 5,36 %.
La Corte Constitucional, en el auto 1302 de septiembre, ordenó a los ministerios de Salud y Hacienda garantizar los recursos necesarios para financiar el sistema de salud en 2027, en el marco del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, que establece parámetros para la fijación de la UPC.