Colombia ocupó el puesto 37 entre 38 países de la OCDE en el Índice de Competitividad Fiscal 2026, elaborado por Mengden y Zarka. El país obtuvo 47,3 puntos sobre 100, una calificación que refleja las dificultades del sistema tributario para estimular la inversión, la acumulación de capital y el crecimiento empresarial.
El mayor rezago se concentra en los impuestos sobre las empresas y la propiedad, además de las reglas fiscales internacionales. El diagnóstico señala que las tarifas elevadas, la acumulación de gravámenes y las restricciones para recuperar el costo de las inversiones encarecen la actividad productiva.
Impuestos empresariales y recuperación de inversiones
Colombia tiene una tarifa de renta corporativa del 35%, mientras que el promedio de la OCDE es de 24,2%. Esa diferencia aumenta el costo de operar e invertir frente a otras economías de la organización.
El problema también está relacionado con la forma en que las compañías descuentan el valor de sus activos productivos. En términos de valor presente, las empresas colombianas pueden recuperar mediante el sistema tributario el 74% del costo de la maquinaria y el 31% del de las edificaciones.
En la OCDE, los porcentajes alcanzan el 86% para la maquinaria y el 50% para las edificaciones. La diferencia deja a las empresas colombianas con una mayor proporción del costo de sus inversiones y puede afectar decisiones como renovar equipos, ampliar instalaciones o abrir nuevos proyectos.
El capital concentra las principales debilidades
Por componentes, Colombia ocupó el puesto 37 en impuestos a las empresas y también el 37 en impuestos a la propiedad. En reglas internacionales quedó en el puesto 35. Sus mejores posiciones relativas fueron el puesto 25 en impuestos a las personas y el 16 en impuestos al consumo.
El informe advierte que una misma base de capital puede estar sometida a impuestos sobre las utilidades, dividendos, patrimonio, herencias y transacciones financieras. Colombia es, además, uno de los cuatro países de la OCDE que mantienen un impuesto anual al patrimonio neto.
La combinación de cargas puede reducir los recursos disponibles para ampliar negocios y financiar proyectos. El efecto sería más fuerte en empresas nuevas y pequeñas, que suelen contar con menos margen para asumir obligaciones tributarias y sostener su expansión.
Un puesto que no refleja una mejora reciente
Colombia dejó de ocupar el último lugar en 2025, pero el cambio no obedeció a una reforma que mejorara sus indicadores. El país avanzó una posición después de que Francia aumentara su tarifa sobre las utilidades empresariales y pasara al último puesto.
La metodología del índice compara las reglas de los 38 países y normaliza los resultados según el promedio y la desviación estándar de cada variable. Por eso, la posición de una economía puede cambiar aunque sus propias normas permanezcan iguales.
El recorrido de Colombia muestra un deterioro de largo plazo: ocupaba el puesto 27 en 2014, cayó al 34 en 2015 y llegó al 37 en 2017. Entre 2022 y 2024 permaneció en el último lugar.
El vínculo con el gasto público
El análisis del Observatorio Económico del Instituto de Ciencia Política relaciona el deterioro con reformas aprobadas durante varios gobiernos y con dificultades más amplias en la gestión del Estado. Entre los factores señalados está la tendencia a reproducir buena parte del presupuesto anterior, lo que limita la reasignación de recursos según los resultados de los programas.
Cuando el gasto aumenta de manera inercial, crece la presión por obtener nuevos ingresos. Esa necesidad puede traducirse en reformas tributarias adicionales y en mayores cargas para empresas, inversionistas y propietarios de capital.
En la comparación latinoamericana dentro de la OCDE, Costa Rica ocupó el puesto 14, México el 21 y Chile el 24. Estonia encabezó el índice por decimotercer año consecutivo.