El Consejo de Estado suspendió de manera provisional el Decreto 234 de 2026, con el que el Gobierno establecía reglas para la negociación colectiva en niveles superiores al de una empresa, tanto en el sector privado como entre trabajadores oficiales.
La norma definía cómo las convenciones colectivas podían producir efectos frente a varios empleadores, empresas, unidades productivas y trabajadores incluidos en un mismo ámbito de negociación. También contemplaba reglas sobre representatividad y conformación de las mesas.
La posible falta de sustento legal
Los demandantes argumentaron que el decreto no tenía respaldo suficiente en la legislación laboral vigente y que el Ejecutivo había asumido competencias reservadas al Congreso.
Al estudiar la solicitud de suspensión, el alto tribunal señaló que la legislación sí permite que la negociación colectiva trascienda el ámbito de una sola empresa. Sin embargo, consideró que las normas citadas como fundamento no establecían previamente un régimen articulado que autorizara al Gobierno a definir por reglamento los elementos estructurales de ese modelo.
El Consejo de Estado también revisó los convenios de la Organización Internacional del Trabajo invocados para respaldar la regulación. Según explicó, esos instrumentos hacen parte del ordenamiento colombiano y pueden ser desarrollados mediante reglamentación, pero no modifican la distribución constitucional de competencias entre el Congreso y el Gobierno.
Por esa razón, en esta fase preliminar la Corporación concluyó que el Gobierno habría excedido su potestad reglamentaria y desconocido la reserva de ley en materia laboral. La suspensión cobija la totalidad del decreto.
El tribunal aclaró que se trata de una medida cautelar y que no constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma. El análisis de fondo quedará pendiente de la sentencia que cierre el proceso.