La Corte Constitucional exhortó al Congreso de la República a crear un régimen disciplinario especial para los servidores públicos elegidos por voto popular, como alcaldes, concejales y congresistas. El llamado se produjo al resolver una controversia sobre sanciones impuestas por la Procuraduría General.
El caso se originó por varias decisiones disciplinarias contra diez funcionarios elegidos mediante votación. Posteriormente, la Sección Segunda del Consejo de Estado anuló esas sanciones al considerar incompatibles las normas que permitían a la Procuraduría imponer destituciones e inhabilidades a servidores de elección popular.
La Procuraduría acudió a una tutela porque consideró que esas providencias desconocían la Constitución, el precedente constitucional y las competencias que tenía reconocidas al momento de adoptar las decisiones disciplinarias.
La competencia se evaluó con las reglas vigentes en ese momento
La Sala Sexta de Revisión concluyó que las decisiones cuestionadas habían incurrido en una violación directa de la Constitución y habían desconocido el precedente vigente. Según la Corte, para la época en que se impusieron las sanciones existía una línea constitucional consolidada que reconocía la facultad de la Procuraduría para investigar y sancionar disciplinariamente a funcionarios elegidos por voto popular.
La Sala también recordó que los estándares derivados de la sentencia Petro Urrego contra Colombia fueron desarrollados posteriormente mediante la Ley 2094 de 2021 y precisados por la Sentencia C-030 de 2023. Por eso, la legalidad de los actos disciplinarios debía analizarse con base en el marco normativo y jurisprudencial vigente cuando fueron expedidos.
La Corte confirmó la sentencia de tutela de la Sección Quinta del Consejo de Estado y mantuvo la validez de las decisiones de reemplazo emitidas por la Sección Segunda. Además, pidió a las autoridades judiciales agilizar los procesos relacionados con sanciones que comprometan de manera intensa los derechos políticos.
Finalmente, reiteró el llamado formulado en la Sentencia C-030 de 2023 para que el Congreso adopte, con carácter prioritario, un estatuto de los servidores públicos de elección popular que incluya un régimen disciplinario especial y cumpla los estándares nacionales e internacionales de protección de los derechos políticos y electorales.