El presidente Abelardo de la Espriella llega a sus primeros 100 días con un balance atravesado por el terremoto del 10 de agosto, que lo obligó a reordenar prioridades y a poner la reconstrucción en el centro de su gestión. El mandatario había diseñado una hoja de ruta con la seguridad, el saneamiento fiscal y de la salud, una nueva relación con las regiones y el Congreso, y un giro en la política exterior. El sismo cambió el orden de las urgencias, pero no el objetivo de fondo: mostrar resultados antes de las elecciones territoriales del próximo año.
En la Casa de Nariño saben que el primer año de Gobierno se medirá en las urnas regionales. Por eso la estrategia combina recorridos por el territorio, anuncios de alivio para los damnificados y una apuesta por la “descentralización”, que incluyó la instalación de una sede alterna de la Presidencia en Barranquilla. De la Espriella también trabaja en su propio partido, Defensores de la Patria, mientras espera el aval del Consejo Nacional Electoral para fusionarse con Salvación Nacional. Aunque ha dicho que gobernará solo cuatro años, su entorno no oculta la intención de dar continuidad al proyecto.
La comunicación, eje del Gobierno
El presidente ha convertido sus redes sociales y sus alocuciones cada dos semanas en el principal canal para responder controversias, dar órdenes a su gabinete y hacer balance. Todos los días publica los resultados de operativos militares y policiales, que según su Gobierno superan los 370, y las extradiciones, que ya pasan de 150. “En la era del Tigre comunicarán siempre las acciones”, dijo el vocero presidencial, Miller Soto.
Detrás de ese aparato hay una estructura que centraliza los mensajes. La secretaria de Comunicaciones, María Fernanda Sandoval, coordina el flujo, mientras que Carlos Suárez, presidente de la junta de Ecopetrol, amigo del mandatario y estratega de campaña, revisa la línea que siguen el vocero y los ministros. Esa concentración ha tenido costos: varios jefes de cartera han pedido más espacio para explicar las decisiones de sus dependencias. Interior, Justicia y Hacienda son las que más han utilizado ese margen.
El primer tramo también dejó una serie de salidas y ajustes. Viviane Morales dejó Educación, Rodrigo Lara salió del Interior, Jaime Uribe renunció al Fondo Milagro y el Gobierno revocó la designación de Camilo Noguera Pardo al frente del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (Icanh). Los cambios se produjeron en medio de la “batalla cultural” que impulsa el Ejecutivo, que llegó al Sistema de Medios Públicos (RTVC) y al Museo Nacional, donde el retiro de obras terminó en los tribunales y obligó a devolver piezas históricas asociadas con el Acuerdo de Paz.
El pulso por el rescate fiscal
El error de trámite del presupuesto, que se cayó después de ser aprobado en el Congreso por diferencias entre el articulado del Senado y el de la Cámara, dejó al descubierto la fragilidad de la relación con el Legislativo. El vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dieron la cara, aunque Gómez no habló en la explicación pública. Rodrigo Lara terminó pagando el costo político con su renuncia, en medio de roces con Suárez.
Ahora el Gobierno se juega otra ficha con el proyecto de “rescate fiscal”, que busca un ajuste de COP 45 billones para financiar un presupuesto de COP 634,9 billones, en un país con una deuda pública cercana al 60 % del PIB. “Arreglar hoy es mejor que quebrar mañana”, dijo Restrepo al radicar la iniciativa, con la que el Ejecutivo advierte que se podrían perder 360.000 empleos y entrar en recesión si no se aprueba.
El Congreso tiene 285 escaños y cerca de 180 oficialistas, pero la coalición no está amarrada. Desde el 29 de octubre no ha sido posible construir una ponencia conjunta y cada partido trabaja en sus propias propuestas. El Centro Democrático, con el aval del expresidente Álvaro Uribe, presentó una ponencia sustitutiva que elimina impuestos a los alimentos ultraprocesados, de timbre, a los movimientos financieros y al patrimonio. Conservadores, liberales y La U también tienen líneas rojas. En el Capitolio ven con recelo la negativa del presidente a pactar cuotas y la prioridad que dio a quienes acompañaron su campaña. La relación tampoco empezó bien: el uribista Honorio Henríquez venció al candidato del Gobierno, Alfredo Deluque, en la Presidencia del Senado.
Seguridad, salud y reconstrucción
La seguridad es el relato que el Gobierno defiende con más claridad. La “mano dura” se tradujo en operativos en Bogotá, Bucaramanga, Medellín, Barranquilla, Santa Marta, Cali y Cúcuta, y en un refuerzo de los bombardeos, que ya suman siete en estos 100 días. El balance oficial habla de 31 cabecillas muertos, 132 toneladas de cocaína incautada y 167 extradiciones firmadas. La ley de sometimiento cerró la puerta a diálogos con estructuras armadas ilegales, una bandera que el presidente defiende ante la oposición.
En salud, el plan de choque prometido por COP 10 billones no ha rendido al ritmo esperado. Según el Ministerio de Salud de Ana María Vesga, se ha entregado el 49,42 % de los medicamentos pendientes, se han realizado poco más de un millón de los tres y medio millones de procedimientos en trámite y todavía hay más de 1,3 millones de personas con casos sin resolver. La demora, admiten en el Ejecutivo, está ligada al terremoto y a la reconstrucción.
La reconstrucción será un esfuerzo de al menos tres años y cerca de COP 50 billones. El Fondo Milagro, que maneja la reconstrucción, tiene un presupuesto aprobado de COP 624.656 millones, pero solo ha contratado COP 7.440 millones, de acuerdo con el balance oficial. El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, lo resumió con preocupación: “Yo tengo un pálpito y es que el Fondo Milagro no tiene plata, no tiene recursos”. De las 25.000 viviendas que deben entregarse, solo 85 se han cumplido, según el mandatario local. El Gobierno ha respondido con subsidios de COP 1 millón por tres meses, apoyo a emprendedores y una declaratoria de emergencia.
Otro frente abierto es la fundación de la primera dama, Ana Lucía Pineda, Colombia Luz y Sonrisas. Constituida el 7 de julio como entidad privada sin ánimo de lucro, informó que ha recibido y canalizado COP 54.607 millones; el 81 % provino del Grupo Gilinski. La ejecución se ha concentrado en “gastos asociados a su administración”, por COP 11,9 millones. Pineda aseguró que no tocaría esos dineros hasta la fase dos. La figura no está sujeta a control político, pero la oposición ha presentado tutelas y reclama nuevos reportes.
La apuesta internacional y la mira en 2027
En política exterior, el canciller Omar Bula ha ejecutado un giro hacia Washington y Tel Aviv, con un respaldo al embargo de Cuba y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán. El Gobierno también impulsa el Escudo de las Américas, con sede en Medellín, y firmó un memorando de entendimiento con el secretario de Estado, Marco Rubio, tras su visita a Barranquilla el 8 de septiembre. Los comentarios de Bula sobre figuras del Partido Demócrata obligaron a enviar una carta de disculpas a esos despachos.
La oposición se prepara para las marchas del 19 de noviembre, las segundas de este Gobierno, mientras el Pacto Histórico busca capitalizar el descontento. Su líder, el expresidente Gustavo Petro, enfrenta el escándalo por la supuesta entrega de contratos estatales a cambio de favores sexuales. De la Espriella, por su parte, apuesta por un Plan Nacional de Desarrollo de 472 páginas con seguridad, salud, economía, campo, educación y anticorrupción como ejes. El reto será convertir ese plan en resultados medibles y, con ellos, en una opción de continuidad que la izquierda disputará en las urnas.