La defensora del pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió a los congresistas María Clara Posada y Germán Rodríguez rectificar sus afirmaciones contra la magistrada de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Julieta Lemaitre Ripoll.
Marín rechazó la campaña de desprestigio que, según la Defensoría, se ha desarrollado durante el último mes contra la magistrada. A su juicio, el debate sobre la JEP no puede basarse en desinformación ni en ataques de género contra una funcionaria que ejerce labores judiciales.
La entidad señaló que se han difundido fragmentos aislados de diligencias para insinuar una supuesta cercanía o complicidad de Lemaitre con antiguos integrantes de las Farc. También cuestionó una publicación del senador Germán Rodríguez en TikTok, en la que afirmó que la magistrada “anda de amores con Timochenko”.
Para la defensora, esas expresiones trasladan la discusión del terreno jurídico a ataques personales y utilizan estereotipos de género. También advirtió que la circulación de este tipo de señalamientos puede poner en riesgo la integridad y la seguridad de las mujeres que ejercen funciones públicas.
Llamado a un debate con información verificable
La Defensoría reconoció que los congresistas tienen derecho a cuestionar las decisiones judiciales. Sin embargo, sostuvo que ese derecho debe ejercerse con responsabilidad, sin presentar acusaciones infundadas como hechos demostrados ni usar expresiones discriminatorias para desacreditar a quienes administran justicia.
Marín también recordó que la autonomía judicial es una garantía para la ciudadanía y que la separación de poderes permite que las controversias sean tramitadas por los mecanismos establecidos. Según la entidad, las decisiones de la JEP pueden ser cuestionadas mediante los recursos procesales y el control constitucional correspondiente.
La Defensoría destacó que la JEP adelanta 11 macrocasos y ha iniciado la ruta adversarial en 30 casos de personas que no reconocieron su responsabilidad. Además, reportó 432 imputaciones contra 367 máximos responsables de las antiguas Farc, integrantes de la fuerza pública y algunos civiles.
De acuerdo con la entidad, la jurisdicción ha resuelto la situación jurídica de más de 1.000 personas que no son máximos responsables. A septiembre de 2026, sus procesos registraban 15.753 víctimas individuales y 439 víctimas colectivas acreditadas.
La Defensoría agregó que las decisiones de la JEP han permitido establecer que más de 21.000 personas fueron víctimas de secuestro, 18.677 niñas y niños fueron reclutados por las antiguas Farc y 35.178 personas sufrieron violencia sexual y basada en género. También mencionó 7.837 personas asesinadas y desaparecidas por integrantes de la fuerza pública para ser presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
La entidad aclaró que la JEP no es infalible y que sus actuaciones pueden ser cuestionadas por las vías procesales previstas. Aun así, pidió a los congresistas rectificar sus afirmaciones y abstenerse de reproducir contenidos descontextualizados o expresiones que promuevan la estigmatización y los ataques contra la autonomía judicial.