El presidente Abelardo De La Espriella ordenó la creación de un protocolo nacional para que la Policía pueda ingresar a universidades en casos de violencia, vandalismo o actos terroristas, y designó a la Policía Nacional como primera autoridad operativa para atender estas situaciones. "La autonomía universitaria no significa autonomía en materia de orden público, ni convierte los campus en territorios sustraídos de la Constitución", dijo en su alocución del domingo.
De La Espriella precisó que su Gobierno respetará la libre manifestación siempre que sea pacífica y se enmarque en la Constitución. Pero advirtió que la Policía debe tener "otro tipo de respuesta" ante hechos de violencia originados al interior de centros educativos. "El terrorismo urbano, el vandalismo, la destrucción de infraestructura y los ataques contra nuestra fuerza pública y la población civil no son protestas", afirmó.
La ley vigente ya contempla casos de intervención
Para expertos en seguridad y derecho, la legislación actual ya permite la intervención policial en campus universitarios bajo circunstancias específicas. Jorge Mantilla, doctor en Criminología de la Universidad de Illinois, enumera cuatro escenarios: riesgo inminente de muerte o daño irreversible, orden judicial para un allanamiento, flagrancia o persecución de presuntos delincuentes que se oculten en la universidad, y solicitud del consejo superior o los órganos de gobierno de la institución.
Mantilla advirtió que cualquier nuevo protocolo "debe ser concertado con los órganos de gobierno de las universidades y no ser el resultado de una decisión unilateral del gobierno nacional". En su criterio, la Policía debería entrar siempre acompañada de autoridades universitarias o del Ministerio Público para garantizar que los procedimientos sean "oportunos, pertinentes y ajustados a la ley".
Hernando Herrera, director de Corporación Excelencia por la Justicia, coincidió en que cuando la protesta deja de ser pacífica para vandalizar o atacar personas o infraestructura, "se habla de actuaciones delictivas" frente a las cuales el Estado social de derecho "permite la intervención de la Fuerza Pública" y la acción de la Fiscalía para llevar los casos ante los jueces.
Alertas sobre control de la fuerza
La Asociación Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos dhColombia advirtió que el anuncio debe "tomarse con pinzas". En su concepto, la experiencia indica que Colombia no ha logrado establecer el control efectivo del despliegue de la fuerza en protestas sociales, y que la Procuraduría, la Fiscalía y los jueces penales "no han podido investigar, juzgar y sancionar de manera eficiente y célere" las vulneraciones de derechos cometidas por la Fuerza Pública.
dhColombia citó como ejemplo el caso del asesinato de Jhonny Silva en 2005, ocurrido dentro del campus de la Universidad del Valle, que fue estudiado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El Consejo de Estado constató en ese caso una vulneración al deber de investigar, juzgar y sancionar a cargo del Estado colombiano.
Néstor Rosanía, experto en seguridad y corresponsal de guerra, planteó que la autonomía universitaria está protegida por el artículo 69 de la Constitución y que el gobierno necesitaría un acto legislativo para controvertirla. Propuso, en su lugar, avanzar con una nueva interpretación amparada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha señalado que la autonomía es amplia pero no absoluta, especialmente en materia de protección de derechos.
"No se puede abrir una puerta completamente a que la Fuerza Pública esté entrando a las universidades porque es un riesgo demasiado alto", agregó Rosanía, quien insistió en que defensores de derechos humanos deben acompañar obligatoriamente el ingreso policial. "Creo que la narrativa que se ha impuesto es Policía versus universidad pública, y no un trabajo articulado. Eso se necesita", concluyó.