Colombia anunció ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que se disocia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos”, al considerar que no constituye un lenguaje universalmente acordado ni cuenta con una definición en tratados vinculantes. La intervención fue presentada el 7 de octubre de 2026.
La delegación también precisó su interpretación de términos como género, violencia sexual, violencia de género, estereotipos de género y perspectiva de género. La postura coincidió, por primera vez, con la de países como Pakistán, Indonesia, Egipto, Irak y Kuwait.
Un cambio frente a la posición mantenida durante años
La decisión contrasta con el papel que Colombia había desempeñado en la construcción de ese lenguaje dentro del sistema internacional. Desde 2009, el país respaldó 61 resoluciones que utilizaban la expresión cuestionada o formulaciones relacionadas y fue patrocinador principal de 16.
Entre esas iniciativas se encuentran la resolución 21/6 de 2012, sobre mortalidad y morbilidad materna; la resolución 38/1 de 2018, sobre discriminación contra mujeres y niñas; y la resolución 54/16 de 2023, que exhorta a los Estados a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sexual y reproductiva.
Como miembro del Consejo, Colombia también votó en contra de las 15 enmiendas sometidas a votación en 2025 y 2026 que buscaban eliminar o debilitar referencias a los derechos sexuales y reproductivos, la autonomía corporal, la educación sexual integral y el género.
Los límites constitucionales de la política exterior
La nueva posición plantea el interrogante de cuáles son los límites constitucionales de un cambio de esta naturaleza. El artículo 9 de la Constitución establece que las relaciones internacionales de Colombia se fundamentan, entre otros elementos, en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por el país.
El artículo 93 incorpora al orden constitucional los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia. La Corte Constitucional, en la sentencia C-269 de 2014, señaló que el artículo 9 no es una simple orientación política y reconoció la importancia de principios como la buena fe y el cumplimiento de los compromisos internacionales.
La declaración de la delegación colombiana sostiene que las expresiones cuestionadas serán interpretadas conforme a la Constitución, las obligaciones internacionales vinculantes y la legislación nacional. Sin embargo, la Constitución también establece garantías de igualdad y no discriminación en sus artículos 13 y 43.
La autonomía reproductiva ha sido vinculada por la jurisprudencia constitucional con la dignidad humana, la libertad, la igualdad y el libre desarrollo de la personalidad. En el sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos también relacionó la vida privada con la autonomía reproductiva y el acceso a servicios de salud reproductiva en el caso Artavia Murillo contra Costa Rica.
La discusión sobre el concepto de género
Colombia indicó que interpretará el concepto de género y sus expresiones derivadas conforme al artículo 7.3 del Estatuto de Roma. Esa disposición define el término para los efectos del propio Estatuto en referencia a los sexos masculino y femenino, pero no constituye una definición general para todos los ámbitos del derecho internacional.
La jurisprudencia colombiana ha desarrollado una comprensión más amplia de estas categorías. La sentencia C-804 de 2006 abordó el papel de los estereotipos sociales y culturales en la discriminación por razón de sexo, mientras que la T-099 de 2015 desarrolló el concepto de identidad de género y su relación con la dignidad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad.
El cambio de postura no se limita, por tanto, a una diferencia terminológica. También pone en discusión la continuidad de una política exterior de derechos humanos construida durante varios años y el margen que tiene un Gobierno para modificarla sin desconocer obligaciones constitucionales e internacionales.